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Villar será reelegido el lunes tras no pronunciarse el TAD

Ángel María Villar, en un acto.
Ángel María Villar, en un acto. / Efe
  • Tras no conceder el pasado día 12 la cautelarísima, este viernes no ha entrado en el fondo del asunto tras la impugnación de Jorge Pérez y tampoco ha concedido la cautelar

El Tribunal Administrativo del Deporte acordó posponer a una próxima reunión la resolución del recurso de Jorge Pérez, en el que solicitaba la impugnación y la paralización de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), previstas para el día 22 tras año y meses de retraso. Así, el proceso electoral sigue su curso y el próximo lunes Ángel María Villar será reelegido presidente de la FEF por aplastante mayoría en una votación protocolaria, ya que es el único candidato oficial que se ha presentado a los comicios ya que Jorge Pérez no presentó los avales de su candidatura antes del 5 de mayo al acudir a la justicia ya que no reconocía a los asambleístas elegidos el pasado 27 de abril por supuestas irregularidades en el voto por correo. El que fuera secretario general de la FEF desde 2003 hasta octubre de 2016 pidió la nulidad del proceso con medidas cautelares del proceso y la repetición del mismo, pero tutelado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), al menos en lo relativo al voto no presencial.

Éste sería el octavo mandato de Villar, que lleva 29 años en el cargo y estaría en el mismo tres más tras seis elecciones sin contrincante, hasta 2020. aunque desde la candidatura de Jórge Pérez se habían anunciado recursos a la justicia ordinaria. Aunque parece que el TAD, que la semana pasada ya desestimó su petición de conceder la cautelarísima al entender que no había ninguna urgencia para hacerlo, desestimará el recurso; si lo aceptase tras estudiar la ingente cantidad de documentos «particularmente voluminosa», habría que repetir las elecciones.

Pérez denunció «irregularidades flagrantes» y entre ellas aseguró que faltan 973 votos depositados en notaría cuyo paradero se desconoce, lo que supone la desaparición de un 20% de los votos, así como al escrutinio de más de 500 votos irregulares incorporados al proceso y el recuento de votos llegados fuera de plazo.

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