El Correo

Una empresa de Igorre votará si readmite al imputado por grabar a mujeres en el baño

La votación se celebrará el viernes que viene en las instalaciones de la empresa.
La votación se celebrará el viernes que viene en las instalaciones de la empresa. / BORJA AGUDO
  • El socio de la cooperativa tiene derecho a someter el recurso contra su despido al refrendo de la plantilla, con potestad para anular o ratificarla sanción de expulsión

A las trabajadoras de Batz, la empresa de Igorre perteneciente al Grupo Mondragón y una de las más importantes e internacionales del valle de Arratia, les preocupa la posibilidad de que G.I, el vecino de 43 años imputado por la Ertzaintza a finales de enero por colocar una sofisticada y pequeña cámara en los baños de un vestuario femenino de la empresa con la que captó imágenes de cinco compañeras, pueda llegar a ser readmitido. El hombre, denunciado por las afectadas por un delito contra la intimidad, ha recurrido la sanción de expulsión interpuesta por el consejo rector, y como cooperativista, tiene derecho a que la asamblea de socios someta a votación su alegación. Tal y como marcan los estatutos, el afectado expondrá sus argumentos en una reunión extraordinaria convocada ‘ex profeso’ y acto seguido, mediante el sistema de voto secreto, los trabajadores refrendarán o rechazarán su alegato.

A la cita, que tendrá lugar en las instalaciones de la compañía el viernes a las 14.30 horas en primera convocatoria, están llamados cerca de 560 cooperativistas de un total de más de 700 empleados. La asistencia es obligatoria, aunque el sufragio se puede delegar. De aceptar su recurso la mayoría, el afectado podría volver a verse las caras con las compañeras a las que grabó, por lo que reina la inquietud entre algunas empleadas. Temen que el individuo, hijo de un histórico cooperativista ya jubilado y muy conocido en el pueblo, logre, merced a sus «muchos contactos e influencia», que la asamblea rechace su expulsión.

Según ha podido saber este periódico, el hombre envió un correo a cientos de compañeros pidiendo disculpas y su entorno alega en su defensa que, aunque haya obrado mal al captar imágenes, no las habría compartido ni subido a la red, por lo que no merecería el gran castigo que supondría tanto para él como para su familia su expulsión. «En sus círculos, la percepción es que lo que ha hecho no es para tanto», explican algunas fuentes.

El descubrimiento del dispositivo se produjo la noche del viernes al sábado 16 de enero. Una de las trabajadoras del sector ‘automotive systems’ detectó lo que parecía ser una pequeña cámara en los baños de su vestuario, en los que previamente habían observado huellas, «como si alguien se subiese». De inmediato, se puso en contacto con el personal del Comité de Igualdad, que activó por primera vez el protocolo interno contra el acoso sexual, redactado junto a la organización por la igualdad Murgibe. La Ertzaintza identificó al trabajador porque su rostro aparecía en la propia grabación mientras instalaba el aparato, le imputó un delito contra la intimidad y envió las diligencias al juzgado. También le denunciaron las cinco mujeres registradas por el dispositivo, cuyo contenido, al parecer, descargaba ocasionalmente, aunque no ha trascendido desde cuándo tomaba las grabaciones.

La empresa le cesó en su actividad laboral de manera preventiva el martes siguiente al descubrirse la cámara, -aunque seguirá siendo socio hasta que la asamblea rechace, en su caso, su recurso de readmisión- y brindó apoyo psicológico y jurídico a las afectadas. Desde el primer momento y tal y como marca el protocolo, el caso fue remitido a una «persona neutral», un enlace con una asesoría confidencial que se encargó de investigar los hechos y de reunirse con las partes. Con él estuvo en otras instalaciones que están situadas fuera de Igorre.

Doble falta

«Ha incurrido en una doble falta muy grave, por acoso y contra la normativa interna de la empresa, además de lo que estimen los jueces», explicó un directivo que ejerce de portavoz autorizado de la empresa. «Ha sido un proceso duro, ya que no es plato de buen gusto para nadie, tampoco para él», añadió. Tras los plazos reglamentarios, el procedimiento ha terminado con la ratificación de la sanción de expulsión y va a desembocar en una asamblea extraordinaria que aceptará o rechazará su recurso porque «sigue en su convencimiento de que no ha hecho el suficiente daño como para ser expulsado».

El colectivo, eso sí, no tiene potestad para interponer sanciones. El dimensionamiento de la misma ha sido realizado por el consejo rector en base a análisis e informes jurídicos. «Nuestra línea roja está puesta al principio de la carrera. Podría haber sido peor, pero ya es suficientemente grave lo que ha hecho», añadió, tras reconocer que «es la primera vez que nos sucede algo así. Esperamos que sea la última, aunque de todo se aprende, y es una pena que se hable de Igorre por un caso así», lamenta el portavoz. «No se habla de otra cosa en los grupos de whatsApp desde Zeanuri hasta Lemoa», afirmaba una vecina cuando el caso salió a la luz.