«Sólo fui a pasar la noche allí», alega en el juicio un presunto ‘okupa’ del bloque de Chiquita

Los pisos de la calle Chiquita ocupados. /I. Aizpuru
Los pisos de la calle Chiquita ocupados. / I. Aizpuru

El encausado dijo en el Juzgado que reside en un municipio guipuzcoano, que es estudiante y que no trabaja

DAVID GONZÁLEZ

Poco a poco, los identificados por la Policía Local como supuestos responsables de las ocupaciones de tres bloques en el Casco Medieval, todos propiedad de Ensanche 21, van pasando por el Palacio de Justicia. Ayer le tocó el turno a un chico al que, hace siete meses, uniformados sorprendieron en el edificio de Chiquita 14.

En la vista celebrada en el Juzgado de Instrucción número 3, el investigado negó tajantemente ser ‘okupa’ o residir en el inmueble, que la sociedad municipal Ensanche 21 pretende sacar a concurso entre jóvenes de la capital alavesa.

«No vivía ahí. Fui a dormir tras estar de fiesta hasta las dos o tres de la madrugada. Por la mañana me despertó la Policía que llamó al timbre. Salí al balcón, al verles me puse nervioso. Les dije que estaba de paso y que las llaves me las dejó una amiga que se había ido de vacaciones a América», narró. «No quería problemas. En una hora recogí todo y me fui. No he vuelto allí ni vivo allí», continuó.

Semanas después, explicó a la sala, «le di las llaves a mi amiga». Al recordarle que ese piso pertenece al Ayuntamiento, el joven, domiciliado en Gipuzkoa, subrayó que «ella me dijo que tenía una casa» en Vitoria. Sin embargo, no supo o no quiso dar su nombre. «No tenemos trato muy cercano», adujo.

«Cerradura forzada»

Como suele ser habitual, en el turno de los policías que le identidificaron la versión varió. Los dos agentes locales citados coincidieron en explicar que el joven «dijo que vivía ahí». Contaron que no les dio permiso ni para acceder al inmueble ni al domicilio. Sí observaron que la cerradura del portal estaba «forzada». Le identificaron porque les lanzó su DNI.

Preguntado por el fiscal, el encausado dijo que reside en un municipio guipuzcoano, que es estudiante y que no trabaja. Esta circunstancia conllevó un momento bastante surrealista. Cuando el Ministerio Público trató de determinar sus ingresos -las multas se imponen en función de la renta-, el procesado se negó en un primer momento. Luego matizó que «mis padres me dan una paga mensual de 110 euros, me suben diez euros cada cumpleaños».

Su defensa solicitó su absolución por falta de pruebas, mientras que la Fiscalía y el Ayuntamiento pidieron el desalojo del piso y una multa de 360 euros al procesado.

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