El síndico reclama a Urtaran que agote «todos los cauces legales» para retirar las multas

Un policía local de Vitoria impone una sanción a una adolescente, ayer en la calle Magdalena. /Rafa Gutiérrez
Un policía local de Vitoria impone una sanción a una adolescente, ayer en la calle Magdalena. / Rafa Gutiérrez

A su juicio, el «incremento exponencial» de la actividad sancionadora por parte de la Policía Local de Vitoria no responde a «circunstancias objetivas apreciables»

SERGIO CARRACEDO

El Síndico de Vitoria ha pedido este viernes al Ayuntamiento de la ciudad que «estudie con detenimiento los cauces legales existentes para no cargar sobre ciudadanos particulares las consecuencias de un conflicto del que no son parte», en alusión al incremento de la actividad sancionadora por parte de policías locales de Vitoria. El propio alcalde, Gorka Urtaran, ha asegurado que la Policía Local ha multiplicado por seis sus denuncias en diez días.

El defensor vecinal ha realizado esta petición «siendo plenamente conscientes de las dificultades jurídicas que el asunto entraña, por su falta de precedentes». A su juicio, este «incremento exponencial» de la actividad sancionadora por parte de la Policía Local de Vitoria no responde a «circunstancias objetivas apreciables, como un deterioro notable de la seguridad del tráfico, desórdenes públicos o alteraciones de la seguridad ciudadana». Además, ha recordado que «existe un consenso social unánime sobre la finalidad última de dicho celo sancionador».

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Por ello, recuerda que, conforme al artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, «son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder». Además, el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aclara que «se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico».

El Síndico añade que «se produce esta irregularidad cuando existe un acto de la administración aparentemente ajustado a derecho (como puede ser una denuncia de tráfico), pero que en el fondo persigue un fin distinto del interés público querido por el legislador (finalidad distinta a la protección de la seguridad del tráfico)».

Reconoce que «aun cuando esta circunstancia es muy difícil de probar, dado que no bastan meras presunciones o conjeturas, el Tribunal Supremo admite la existencia de este vicio de legalidad cuando se alcanza la convicción moral de que las motivaciones del acto fueron ajenas al interés público concreto al que la potestad conferida por el ordenamiento debe servir».

Por todo ello, la Sindicatura-Defensoría Vecinal, en su función de salvaguarda de los abusos de autoridad y poder en que pudiera incurrir la Administración local, «no puede mantenerse ajena a tales evidencias ni hacer abstracción de ellas, como si las denuncias formuladas lo hubieran sido en circunstancias de absoluta normalidad», ha destacado.

Si el Ayuntamiento de Vitoria prosigue con la tramitación ordinaria de estas denuncias, como así ha asegurado el Consistorio, el Síndico recomeindia a la ciudadanía que «si consideran que la infracción cometida es formalmente clara y que no existen posibilidades ciertas de rebatirla, que se acojan al pronto pago en el plazo establecido».

Ha recordado además que una vez abonado el importe rebajado de la sanción «no cabe interponer alegaciones ni recursos en sede administrativa (sí en vía judicial)». En cualquier caso, no recomienda «que se presenten dichos recursos, sino que, en caso de estimarlo oportuno, acudan a alguna de las defensorías existentes», como puede ser la Oficina del Síndico-Defensor Vecinal, el Ararteko o el Defensor del Pueblo, a presentar su correspondiente queja o reclamación, a lo que, sin duda, tienen derecho.

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