Toda la oposición y siete asociaciones presionan a Urtaran para que pregunte sobre el tranvía de Vitoria

Varias personas firman contra la ampliación del tranvía de Vitoria./Rafa Gutiérrez
Varias personas firman contra la ampliación del tranvía de Vitoria. / Rafa Gutiérrez

Respaldan la convocatoria y subrayan que el reglamento de consultas «no está sólo para los temas que le valen al alcalde»

Ander Carazo
ANDER CARAZO

Asociaciones vecinales y colectivos ecologistas de Vitoria han defendido este jueves la celebración de una consulta popular sobre la ampliación del tranvía hasta el campus alavés de la UPV. «El reglamento de consultas no está sólo para los temas que le valen al alcalde», ha criticado Andrés Illana, portavoz de Ekologistak Martxan, sobre la decisión de Gorka Urtaran de recurrir ante la Justicia la decisión tomada por la mayoría del pleno (PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi) de convocar el referéndum.

«Según el reglamento de participación, las consultas son un instrumento para conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés público, de relevancia general y de carácter local que sean de competencia municipal. En ningún caso se habla de competencias exclusivas», ha censurado. «Instamos al alcalde a que no frustre las ansias de la ciudadanía y permita su realización», ha concluido Illana en un comunicado secundado por siete agrupaciones de Vitoria.

La intervención de los portavoces de Bizikleteroak, Tranvía No Taldea, Ekologistak Martxan, la asociación Kaleartean de Sansomendi y Uribe Nogales de Abetxuko ha sido respaldada por la oposición municipal al completo. Todos, incluso EH Bildu, que apoya la consulta pero sigue defendiendo la llegada del metro ligero por los barrios de Adurza y San Cristóbal, así que su concejal Aitor Miguel ha tenido que oír cómo se menospreciaba el proyecto y se le acusaba al Gobierno vasco de «imponer proyectos de movilidad al tuntún».

Begoña Seco, representante de Tranvía No Taldea, ha replicado a Urtaran y a los responsables del Gobierno vasco que si el problema sobre la consulta es la indemnización que se tendría que pagar a las empresas adjudicatarias de la obra –la unión temporal de empresas compuesta por Tecsa con Altuna y Uria- si han arrancado las obras, «que se esperen tres meses» hasta la celebración del referéndum para programar los trabajos. «De todas formas, todavía hay que esperar hasta que se haga la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU)», ha comentado Seco. También apoyaron el comunicado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA) y Gaden, el Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos