Una niña «robada» en Vitoria se reencuentra con sus padres biológicos 35 años después

Nació en 1979 en la capital alavesa y fue dada en adopción a pesar de la oposición de sus progenitores a los que verá este martes en una pequeña localidad de la provincia de Cáceres

EP

Una mujer nacida hace 38 años en Vitoria y que fue dada en adopción con la oposición de sus padres biológicos, quienes denunciaron un delito de sustracción de menores, se reencontrará con ellos este martes en una localidad de Cáceres.

Los hechos se remontan a abril de 1979, cuando nació en Vitoria la mujer, representada por el abogado Enrique Vila, en un parto en el que también nació su hermana melliza, fruto de un matrimonio que tenía cinco hijos más.

La familia, originaria de Cáceres y con escasos recursos económicos, solicitó ayuda social y las mellizas fueron ingresadas en una casa cuna de Gipuzkoa. Según una resolución judicial, el padre tenía problemas con el alcohol y la madre era sordomuda y no tenía medios para criar a los menores. No obstante, no querían que les quitasen a sus hijas.

Por este motivo, y con la mediación de Cáritas, solicitaron y obtuvieron que las dos hijas recién nacidas fueran ingresadas en una casa cuna. Desde que las llevaron a este organismo, los padres realizaron algunas visitas a las menores, una en 1979, dos en 1980 y otra en 1981, en esta última ocasión únicamente la madre. Tal y como recogía la sentencia, ni los padres ni otros familiares próximos se preocupaban por ellas ni les prestaban atención.

De esta forma, en enero de 1982, cuando las menores tenían 3 años, la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Protección de Menores de Gipuzkoa acordó, vistos varios informes emitidos sobre la situación de las niñas, entregarlas en adopción.

Oposición y denuncia por sustracción de las menores

Los padres biológicos se opusieron a la medida e hicieron constar en ese momento que habían presentado una denuncia contra la Sociedad Protectora de Menores por sustracción de las menores. Sin embargo, este procedimiento acabó archivándose. Vila ha puntualizado que en esta causa los padres «no tuvieron el asesoramiento jurídico oportuno, ya que se trataba de una familia con escasísimos recursos económicos sociales».

El fiscal, por su parte, cuando se le dio traslado para pronunciarse por esta adopción, también se opuso. Manifestó que pese al «irregular proceder» de los padres, no se les podía considerar a las niñas como «abandonadas». Recordó que los padres no habían sido privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad en el procedimiento en el que denunciaron la sustracción de las menores.

Pese a la postura del fiscal y a las manifestaciones de los padres, quienes insistían en que les habían robado a las pequeñas, el juez aprobó la adopción, con lo que las mellizas pasaron a estar bajo la custodia de un matrimonio valenciano. De esta forma se consumó, según Vila, «el robo institucionalizado de las menores».

El letrado Enrique Vila ha manifestado que estas circunstancias recuerdan «tristemente» a un hecho que «se repite con demasiada frecuencia en la actualidad», en la que los Servicios Sociales de toda España «retiran a menores de sus familias biológicas extralimitándose en sus funciones, penalizando circunstancias sociales, económicas o culturales, sin medir el interés del menor en permanecer con su familia biológica».

Ahora, después de 38 anos separados, 35 desde que se aprobó la adopción, la mujer va a reencontrarse con sus familiares biológicos que residen en una pequeña localidad de la provincia de Cáceres, ignorantes hasta la fecha del paradero de sus hijas «robadas».

Por el momento, una de las hermanas no estaría interesada en conocer a sus progenitores, con lo que el reencuentro se producirá únicamente con una de las dos mellizas.

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