La mayoría del pleno municipal reclama una consulta popular sobre el tranvía a Adurza

Arantza Tapia explicó hace meses el proyecto con el que trabaja el Gobierno vasco. /Rafa Gutiérrez
Arantza Tapia explicó hace meses el proyecto con el que trabaja el Gobierno vasco. / Rafa Gutiérrez

El referéndum, de características aún por definir, sería en 2018, llega en un momento en que la obra está adjudicada y a punto de empezar

Iosu Cueto
IOSU CUETO

El proyecto del tranvía en Vitoria se mantiene abonado a la polémica. Si su primera implantación ya protagonizó a finales del siglo pasado un intenso debate municipal, y su primera ampliación a Abetxuko tuvo que pasar también por el filtro de un rechazo vecinal, la segunda, al barrio de Adurza, San Cristóbal y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), tampoco parece pacífica en términos políticos. Una mayoría del pleno ha reclamado este lunes en Vitoria que la extensión se someta a consulta popular. Algo que sería un trámite novedoso, pero contemplado en la normativa municipal, si no fuera por un detalle que lo complica todo: la obra de ampliación del metro ligero ya está adjudicada y los trabajos se pretenden arrancar en apenas un mes. Es decir, mucho antes de que se pueda llevar a cabo materialmente la consulta.

Es la gran incertidumbre que abre la posición política adoptada por la oposición. Porque estos grupos (PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi) son los que sustentan la propuesta de la formación morada de preguntar a la ciudad: ¿Cree usted conveniente la ampliación del tranvía al sur? Populares, Podemos e Irabazi han zanjado su posición ya en público, mientras EH Bildu lo ha hecho en el pleno, pero todo apunta a que, a pesar de su defensa del proyecto, ha decidido dar marcha atrás cuando la obra está a punto de arrancar. El Gobierno, PNV y PSE mantiene una posición en contra sustentada en que sendos informes del Departamento afectado y del servicio jurídico señalan que se trata de una asunto que no es competencia municipal, sino del Gobierno vasco, y que por tanto no puede ser sometido a consulta en Vitoria. Al filo de las tres de la tarde, el alcalde ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el acuerdo plenario, puesto que que el referéndum «no cumple el reglamento al abordar una competencia extramunicipal» y que es «extemporáneo con las obras ya adjudicadas».

La principal inquietud radica en qué medida tomará el Gobierno vasco respecto a la hipotética convocatoria del referendo. Si paralizará el proyecto o seguirá adelante. La primera de las dos opciones, apuntan fuentes consultadas, podría dar lugar a un proceso judicial de resultados inciertos, pero que podría terminar con una cuantiosa indemnización para la empresa a la que ya se ha encargado la ejecución de la obra y que, para estas fechas, ya estará dotándose de personal y material técnico para iniciarla en las próximas semanas. Existen ejemplos en este sentido en el pasado reciente, como cuando el Ayuntamiento de Vitoria decidió desistir de un contrato ya adjudicado a una empresa para la renovación de marquesinas y otros elementos de mobiliario urbano, que acabó en un largo proceso judicial fallado en contra de los intereses municipales. El Ejecutivo autónomo contempla con sorpresa estos últimos acontecimientos, dado que las obras han recibido luz verde en sus diferentes fases gracias a un acuerdo interinstitucional entre el propio Ejecutivo, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que cofinancian los trabajos, tasados en unos 17 millones de euros.

La incertidumbre también planea sobre otros aspectos. Por ejemplo, si el alcalde, contrario a la consulta, puede detener la propuesta del pleno, dado que le compete a él convocarla formalmente. Si se hace, habrá que definir si se trata de una consulta para el conjunto de la ciudad, que tendría entonces el carácter vinculante; o solo para el barrio, en cuyo caso no lo sería. Y también queda por definir cuándo y cómo se articula la votación. Y si la ciudadanía se posicionará con las máquinas ya trabajando o si se echará el freno al proyecto.

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