Los responsables del Hiriko, culpables de la quiebra de la compañía

El Hiriko, en su presentación en Vitoria./Rafa Gutiérrez
El Hiriko, en su presentación en Vitoria. / Rafa Gutiérrez

El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria les inhabilita para la gestión de subvenciones durante dos años y les condena a abonar 535.000 euros a los acreedores

SALVADOR ARROYO

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria considera culpables de la quiebra de Afypaida, la sociedad que impulsó el fallido proyecto del vehículo eléctrico vasco Hiriko, al empresario de canteras Jesús Echave –que llegó a ser consejero de Kutxabank a propuesta de los jeltzales-, el exconcejal del Ayuntamiento de Vitoria por el PNV, Iñigo Antia, -que fuera persona de máxima confianza del antiguo presidente del Araba Buru Batzar, Iñaki Guerenabarrena-, el joyero José Luis Bengochea, y el promotor inmobiliario Fernando Achaerandio. La magistrada titular de este juzgado de Vitoria les inhabilita para la administración de bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante dos años. También tendrán que hacer frente a una indemnización de 530.000 euros a la «masa del concurso». Una cantidad que se corresponde con lo abonado por la compra de un prototipo del bólido Epsilon como supuesto banco de pruebas para el pequeño utilitario. Afypaida se tragó casi 19 millones de euros en ayudas públicas, principalmente provenientes del Estado. La jueza exime de responsabilidad en la quiebra a una decena de sociedades que también participaron en el proyecto.

La Abogacía del Estado, la Fiscalía y la administración concursal impulsaron como acusación un procedimiento que arrancó el pasado 14 de septiembre y tuvo su última sesión el día 4 de este mes. La primera requería el reintegro de 18,9 millones de euros en subvenciones; la segunda rebajaba la demanda hasta 15,7 millones –cifra en la que cuantificó el «daño al interés general». Y ambas sumaban a las penalizaciones económicas una solicitud de inhabilitación durante diez años para los tres empresarios citados y el concejal jeltzale a la hora de manejar fondos públicos. Su estrategia ha girado en torno a demostrar que hubo un retraso injustificado en la presentación del proceso concursal y que una sucesión de operaciones como el pago de 535.000 euros más IVA por un prototipo de Epsilon sin motor para el Hiriko terminaron por precipitar el final de Afypaida. Un movimiento que la magistrada considera clave en esa extinción societaria: "El concurso de Afypaida resulta culpable y lo es por la compra del LMP1 por un precio de 535.000 euros más IVA, llevada a cabo cuando la asociación estaba agotada desde el punto de vista financiero, sin expectativa de poder continuar con el proyecto", refleja la sentencia.

La defensa, por su parte, ha intentado demostrar en estos meses que toda la gestión de la mercantil fue limpia y convenientemente acreditada ante las administraciones.

Para la magistrada, la clave de este procedimiento mercantil –existe en paralelo uno por vía penal que se encuentra aún en fase de instrucción- residía en determinar si el registro del concurso de acreedores de Afypaida, en febrero de 2015, se presentó tarde o no. El fallo judicial entiende que sí, puesto que se tramitó en torno a dieciocho meses después de que se tuviera constancia en la sociedad de que existían graves problemas de liquidez. La jueza María Teresa Trinidad Santos ha tardado apenas 16 días en emitir sentencia (doce de ellos hábiles). Desde hace más de un mes venía advirtiendo que se encontraba «suficientemente ilustrada sobre los hechos» sin tener que requerir a nuevos testigos. En este juicio, se han practicado un total de veintiséis testificales, junto con interrogatorios y declaraciones de peritos.

Pendiente el juicio penal

El Hiriko, junto con el bólido de Epsilon –que llegó a competir en Le Mans-, fueron dos proyectos fracasados del Gobierno de Juan José Ibarretxe que se nutrieron de importantes ayudas públicas. El grifo se abrió en el contexto de un gobierno en minoría del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que requería del respaldo político del PNV en Madrid. En el caso del Hiriko, el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación que dirigía la guipuzcoana Cristina Garmendia, otorgó una importante cobertura económica al proyecto.

Los encausados defendieron durante el juicio que siempre se informó puntualmente de cada paso que se daba. Una circunstancia que fue rebatida por la representante de la Abogacía del Estado en la última vista, que habló directamente de «engaño». El retraso en la presentación del procedimiento concursal fue justificado por los tres empresarios y el exconcejal del PNV en las «expectativas» que tuvieron de que pudiera llegar una recapitalización por parte de nuevos inversores. Los promotores del vehículo eléctrico vasco tendrán que volver a sentarse en el banquillo de un juzgado de lo penal en próximas fechas.

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