Las Juntas de Álava piden que la autopista Burgos-Armiñón sea «pública y gratuita»

Imagen de uno de los tramos más concurridos de la AP-1 (Burgos-Armiñón). /Avelino Gómez
Imagen de uno de los tramos más concurridos de la AP-1 (Burgos-Armiñón). / Avelino Gómez

Una moción aprobada en la Cámara alavesa insta al Gobierno a no renovar la concesión de la vía cuando finalice en noviembre de 2018

SERGIO CARRACEDO

Los peajes de la AP-1 entre Burgos y Armiñón podrían tener los días contados si la moción de las Juntas Generales de Álava aprobada este miércoles es atendida por el Gobierno de España. En ella instan al Ejecutivo de Rajoy a no renovar la concesión de la autopista entre la capital burgalesa y la localidad alavesa de Armiñón, de modo que cuando acabe la actual concesión en noviembre de 2018 la vía sea «pública y gratuita».

La fecha marcada en la propuesta es la misma en la que finaliza la concesión que tiene Europistas para la explotación del tramo que discurre entre Armiñón y Burgos, momento en el que la vía debería revertir al Estado. Si se cumplen los plazos de la concesión, en poco más de 13 meses la autopista debería ser libre y carecer de peajes, después de permanecer 44 años en manos privadas, cuando la previsión inicial era de 20.

En varias ocasiones y en declaraciones públicas, el Gobierno del PP, o al menos la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, mantenía la idea de no renovar ni una sola de las concesiones actuales de las autopistas de peaje, salvo alguna excepción. Su gran objetivo era que fueran quedando «libres de peaje» según las vaya recuperando al Estado, dado que tras el largo período en que han permanecido en manos privadas se habría amortizado el coste de su construcción.

«Amortizadas»

Como era previsible, en las autopistas más cercanas al vencimiento de los contratos vigentes el grado de amortización es mayor. Es el caso, por ejemplo, de la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Su concesión a favor de Europistas -participada por el grupo Itinere, Sacyr y varias antiguas cajas de ahorros- expira el 30 de noviembre de 2018 y según el informe de Fomento de 2014, en esa fecha ya se había logrado ya recuperar el 80,1% de todo lo invertido.

La AP-1 entró en servicio en abril de 1981 y ha acumulado varias prórrogas en su concesión «a pesar de que ya está amortizada», según ha indicado Irabazi, la marca de Izquierda Unida y Equo en Euskadi que ha promovido la moción, que reclamaba además una serie de bonificaciones para el tráfico pesado hasta que finalice la concesión el próximo año. Todas las formaciones políticas han apoyado esta petición en el pleno de la Cámara alavesa.

El impulsor de esta iniciativa, el juntero de Irabazi José Damián García-Moreno, ha recordado que las tarifas actuales de esta autopista, de 12 euros para turismos y 24,75 para camiones, hace que los vehículos opten por la alternativa de la N-1, un tramo «que no está preparado para tanto tráfico», lo que genera «un incremento de la siniestralidad», con 249 muertes desde 1993 en esta carretera.

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