El juez falla contra los 'pichis' y anula su contrato de alquiler en Abetxuko

Los 'Pichis' en la casa okupada de Abetxuko/Igor Aizpuru
Los 'Pichis' en la casa okupada de Abetxuko / Igor Aizpuru

Estima la demanda de la hija de la copropietaria del piso, que no tendrá efectos dado que el clan se aloja desde hace meses en un albergue municipal

DAVID GONZÁLEZ

El juzgado de Primera Instancia número 5 ha fallado hoy contra el clan de los pichis y contra la vecina de Abetxuko que les facilitó un contrato de arrendamiento en el barrio después de que residieran durante varios meses en una casa okupada. El caso fue llevado a la justicia por la hija de la dueña, en calidad de copropietaria de la vivienda, dado que la operación se hizo, según denunció, sin su consentimiento. El juez, en su sentencia, anula el contrato de arrendamiento y ordena el desalojo de los arrendatarios la vivienda, lo que no tendrá ningún efecto a estas alturas dado que la familia Manzanares-Cortés reside en la actualidad en un albergue municipal a la espera de ser realojada en algún piso social de la ciudad. El fallo considera probado que la demandante, copropietraria de la casa, no fue informada del contrato suscrito con la familia y, más en concreto, señala que «se enteró por la prensa».

No se presentaron al juicio

Aunque no se presentó ninguno de los demandados –el Juzgado de Primera Instancia número 5 los declaró «en rebeldía» por ello–, la vista se celebró igual. Sobre la mesa, la demanda presentada, hace ya meses, por una de las dos copropietarias de la casa en que vivieron «de alquiler» los miembros de la familia Manzanares-Cortés. Lo hicieron de diciembre hasta mayo. Esos meses en Abetxuko, barrio al que llegaron el pasado verano al ocupar otra casa, residieron en condiciones teóricamente legales tras firmar un contrato de renta. Pero lo sellaron sin consultar a una de las dueñas.

Este proceso judicial, no obstante, tenía más de desquite moral que de búsqueda de compensación económica alguna. No en vano, la vista oral llegó cuando los "pichis" se ubicaban ya en otro inmueble. En el albergue municipal conocido como el "Cmas", centro municipal de acogida. Allí apuran sus últimos días antes de que Ayuntamiento y Alokabide les reubiquen en un piso social dentro del municipio. A Zabalgana y Salburua se ha agregado como posible destino «la zona rural», según fuentes conocedoras de esta situación.

La copropietaria, que no reside en la casa alquilada, relató cómo trató de enterarse de la cuantía y las condiciones del contrato. La otra dueña, su madre, con la que no guarda buena relación, no le facilitó ningún documento. Tuvo que acudir al Ayuntamiento. Descubrió que la mensualidad pactada por los "pichis" ascendía a «cien euros». Su letrado añadió que «se trata de un precio irrisorio, muy por debajo de los que se pagan en Vitoria, aparte de que dudamos que hayan abonado algo». Por su parte, el abogado de los "pichis" acusó a la demandante de «dejación» con las obligaciones de la vivienda, ubicada en la calle El Cristo.

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