Un Juzgado estudia supuestos sobreprecios en la compra de dos camiones en Vitoria

Uno de los camiones adquiridos por 660.000 euros. /El Correo
Uno de los camiones adquiridos por 660.000 euros. / El Correo

El fiscal, que ha recibido una denuncia "anónima", dice que tiene la "obligación" de investigar y que será más adelante cuando determine si "tiene fundamento"

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Un juzgado de Vitoria ha iniciado una investigación por posibles delitos de «prevaricación y malversación» en la compra de dos camiones de recogida de basuras por parte del Ayuntamiento de la capital alavesa durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, que gobernó la ciudad de 2011 a 2015. El Tribunal de Cuentas del Estado ya revisó el caso, y determinó que no hubo responsabilidad contable en la actuación del Ejecutivo popular. El fiscal de esta institución lo archivó en julio. Previamente, dos informes municipales fechados en el mes de mayo habían justificado estos pagos.

La investigación ha sido iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Álava y afecta a la compra de dos vehículos que costaron más de 660.000 euros (sin IVA), un precio que, al parecer, resultó considerablemente superior al de otros camiones similares comprados en otros ayuntamientos. Este hecho fue denunciado públicamente por el concejal de EH Bildu en Vitoria Aitor Miguel.

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Los vehículos fueron adquiridos en 2015, cuando el contrato de limpieza del Consistorio con la empresa FCC se encontraba en periodo de prórroga. La actuación de la Fiscalía se inició a partir de una denuncia anónima trasladada al ministerio público. Izaguirre ha explicado que la Fiscalía tiene la «obligación» de estudiar este tipo de denuncias, y que será más adelante cuando se determine si esta, en concreto, «tiene o no fundamento».

En la actualidad, se está analizando si la compra de los camiones de recogida de basuras, efectuada en 2015, durante el mandato de Maroto como alcalde, pudo constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En todo caso, Izaguirre ha precisado que esta calificación es «muy embrionaria», dado que la investigación judicial se encuentra en una fase «muy primaria».

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