El gobierno local descarta cámaras en la calle Santo Domingo para controlar a los ‘bartolos’

Operación policial en la calle Santo Domingo, este lunes . / E. C.

El Ayuntamiento prevé más «vigilancia policial en la zona»

David González
DAVID GONZÁLEZ

El equipo de gobierno municipal prevé «más vigilancia policial» y un lavado de cara a las fachadas de la depauperada calle Santo Domingo, feudo del clan de los ‘bartolos’. Descarta sin embargo la instalación de cámaras de vigilancia, como les solicitaron vecinos y comerciantes «hartos» de la delincuencia y de los conflictos que atribuyen a esta conocida familia y a un grupo de jóvenes magrebíes a los que han acogido. Este mismo lunes, varias patrullas de la Policía Local tomaron el lugar tras una trifulca presuntamente protagonizada por miembros de este grupo.

El Gabinete Urtaran se escuda en las «serias» complicaciones jurídicas que entrañaría el uso de las imágenes captadas. No obstante, en lugares cercanos como Bilbao ya se utiliza este recurso en lugares de similar conflictividad. Hace un año que el ayuntamiento de la capital vizcaína las instaló en la zona de Ollerías, conocida por albergar al grueso de los ‘pichis’, y en San Francisco. «Tienen una función más preventiva que otra cosa y ayudan a aclarar los altercados que se producen», subrayan fuentes policiales consultadas por este periódico.

Más «vigilancias especiales»

Asimismo, ayer se abordaron en el Ayuntamiento las quejas de residentes y minoristas, quienes hablan de «abandono» por parte de las instituciones. A preguntas de Podemos y PP, el titular de Seguridad Ciudadana, Carlos Zapatero, explicó que este año «se han incrementado en un 64% las intervenciones» de la Policía Local. Según los datos que esgrimió, seis de cada diez corresponden a «vigilancias especiales».

En cuanto a las denuncias registradas en la comisaría de Aguirrelanda con origen en esta calle del Casco Viejo, la estadística habla de sólo seis en este primer semestre del año, dos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El listado oficial -del que faltan los datos de la Ertzaintza- refleja «diecisiete gestiones policiales» y doce intervenciones por «delitos contra la propiedad». En el mismo periodo de 2016 sólo hubo una.

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