La Fiscalía mantiene su petición de 13 años a Iráculis y a la antigua cúpula de Urvasco

El empresario Antón Iráculis a su llegada a la Audiencia de Vitoria/Ikerne González
El empresario Antón Iráculis a su llegada a la Audiencia de Vitoria / Ikerne González

«Jamás hemos creído ni querido cometer ningún delito», insiste el empresario en la jornada final del juicio

David González
DAVID GONZÁLEZ

Ocho palabras pusieron broche a la maratoniana sesión de cierre del juicio a parte de las familias Iráculis y Silgo, otrora propietarias del grupo Urvasco. El empresario Antón Iráculis, santo y seña de este holding que levantó «miles de pisos» y regentó una veintena de hoteles, se acercó al micrófono en su turno de última palabra. Eran las siete de la tarde. Con voz queda, quizá abrumado por cuatro días seguidos en la Audiencia Provincial de Álava, aseguró que «jamás hemos creído ni querido cometer ningún delito».

Se refería a los tres cargos en su contra -y de su mujer, dos hijas y su antiguo hombre de confianza, Pablo Couto- que mantuvo la fiscal una vez escuchados la veintena larga de testimonios, de todos los colores, desde el lunes. Estos cinco encausados se enfrentan a penas de cinco a trece años y medio de prisión acusados de «desviar» 34 millones de euros desde Urvasco a una sociedad de nuevo cuño -denominada Numerus Clausus- en junio de 2008, cuando la matriz ya iba cuesta abajo.

Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución de los trece procesados. Los ocho miembros de la familia Silgo, eso sí, sólo figuran como posibles responsables civiles. Esto significa que, si hay fallo condenatorio, aflojarán la cartera para devolver un porcentaje de esa cantidad millonaria.

Y es que el ministerio público y la acusación particular, el fondo inmobiliario Carey Value Added, alegan que los 34 millones ahora en entredicho debían haberse entregado a sus acreedores. A su juicio, los acusados «conocían» el futuro negro de Urvasco y decidieron «quedarse» ese dinero. Los Iráculis siempre han defendido que los reinvirtieron, a través de Numerus Clausus, en comprar a los Silgo su 50% de Urvasco. El montante total de esa operación ascendió a 79 millones de euros.

Se formalizó en junio de 2008. El mismo día que el grupo alavés vendió su división eólica por un dineral. La acusación proclama que aprovecharon esa «liquidez puntual» para quedarse dinero de la sociedad. «Articulan para meter mano en la caja», apostilló el abogado de Carey.

No obstante, poco aclararon las nueve horas que se alargó la sesión oral de ayer. Comparecieron peritos y auditores. Unos hablaron de «coherencia» en el trasvase. Otros lo rechazaron. Incluso uno lo tildó de «imprudencia». Cada valoración respaldó a la parte que le había convocado.

Y le tocó encender el micrófono al letrado de los Iráculis. Durante hora y cuarto recordó que Urvasco entró en concurso de acreedores «siete años después» del trasvase bajo sospecha. «El señor Iráculis puso más de 30 millones de su bolsillo para comprar esas acciones», alegó. «¿Si en junio de 2008 había una situación de insolvencia por qué les siguieron dando créditos los bancos?», preguntó a la concurrencia.

«El dinero de los Silgo»

Dio entonces su propia versión sobre la razón de que los Iráculis y los Silgo coparan el banquillo de los acusados. Retrocedió a 2013, cuando Carey ganó a Urvasco un pleito en Londres por el proyecto fallido de un hotel. Aquella inversión en la 'City' «fue mi gran sueño», según reconoció Iráculis. Pero, a la postre, hirió de muerte a su holding. Un juzgado inglés condenó a los Iráculis a resarcir con 45 millones al fondo inmobiliario, su principal fiador. Esa cantidad no se reintegró por las dificultades económicas de los Iráculis, que perdieron Urvasco hace un par de años.

«Han intentado obtener por la vía penal lo que no lograron por la civil. El pretexto de este juicio es llegar a los Silgo, que sí tienen dinero», acusó el defensor a Carey. Bajo su prisma, este fondo, al ser consciente de que jamás cobraría lo estipulado en Londres, se estudió los libros de cuentas de Urvasco y «desempolvó» el trasvase de 34 millones, que coincidió en fecha con la venta de la división eólica y denunció. La sentencia se espera en unas semanas.

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