La Fiscalía de Álava pide otros dos años de cárcel para la procuradora que se quedaba con dinero de sus clientes

Exterior del Palacio de Justicia de Vitoria./Igor Aizpuru
Exterior del Palacio de Justicia de Vitoria. / Igor Aizpuru

Le acusa de apropiarse de forma indebida de 12.892 euros de otra mujer a la que representó en dos actuaciones

Judith Romero
JUDITH ROMERO

El pasado mes de julio se sentó en el banquillo de los juzgados de la capital alavesa por no haber devuelto 785 euros a una clienta desde 2012, pero la exprocuradora con más procedimientos abiertos de la ciudad continúa acumulando nuevos casos tras ser condenada a varios años de prisión y ser juzgada por intentar quedarse con el piso de otra mujer. La Fiscalía de Álava solicita ahora otros dos años de prisión para la antigua profesional del Derecho por apropiarse de forma indebida de 12.892 euros de otra mujer a la que representó en dos actuaciones durante los años 2011, 2012 y 2013.

Según indica el escrito de calificación, la procuradora, cuya mala praxis obligó incluso a cambiar el funcionamiento de estos profesionales para no levantar sospechas, solicitó a su clienta grandes cantidades de dinero «con ánimo de obtener un beneficio ilícito».

El primero de estos pagos se produjo en junio de 2011, cuando la presunta víctima ingresó 1.200 euros en la cuenta bancaria de la acusada después de que ésta se lo pidiera. A este abono prosiguieron 900 euros para, en teoría, «hacer frente al coste de una prueba judicial» y 1.295 euros más para tramitar un proceso de apelación en enero de 2012. Sin embargo y aunque el procedimiento penal fue archivado sin que llegara a practicarse la prueba pericial, la exprocuradora «no devolvió ninguna de las cantidades entregadas» ni presentó a su clienta ninguna minuta de honorarios que justificase estos cobros, señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

Las presuntas peticiones ilícitas habrían continuado entre los veranos de 2012 y 2013, agrega el acusador público. La procuradora en los tribunales volvió a requerir a su clienta tres ingresos de 1.200, 2.500 y 2.100 euros en su cuenta bancaria para la tramitación de una demanda, gestiones que, además, produjeron sus correspondientes gastos bancarios.

«Estafa continuada»

El resultado del procedimiento penal fue que la parte contraria fue condenada a pagar las costas. La profesional, entonces, «se apoderó de todas las cuantías ingresadas» y percibió 2.807 euros, pero no devolvió cantidad alguna a la víctima. Lo mismo ocurrió con 890 euros destinados a la tramitación de una demanda de incapacitación.

El Ministerio Fiscal le acusa de un delito continuado de apropiación indebida y un delito de estafa continuada, pide dos años de cárcel para ella y le reclama 10.093 euros en concepto de responsabilidad civil. La vista oral tendrá lugar la próxima semana en los juzgados de la capital alavesa. La exprofesional ya ha tenido que responder ante los tribunales por otros delitos similares de los que ha sido acusada no solo en Vitoria, sino también en ciudades del entorno.

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