Denuncian el traslado de los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Vitoria a una zona «aislada e insegura»

Concentración de trabajadores ante la puerta principal del Palacio de Justicia de Vitoria. /Jesús Andrade
Concentración de trabajadores ante la puerta principal del Palacio de Justicia de Vitoria. / Jesús Andrade

Las oficinas cambiarán de ubicación dentro del Palacio de Justicia, pero el cambio podría generar situaciones de tensión al obligar a los agresores y a las víctimas a utilizar la misma puerta de acceso

JUDITH ROMERO

Uno de los primeros lugares que visitan las víctimas de la violencia de género tras interponer una denuncia o sufrir una agresión es el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Según los trabajadores, la reforma de estas dependencias en el Palacio de Justicia de la capital alavesa podría empeorar la seguridad de estas mujeres que necesitan protección y un entorno seguro tras haber sido agredidas. Las oficinas del Juzgado cambiarán de ubicación sin salir del edificio de la Avenida de Gasteiz, pero el traslado podría contribuir a generar mayores situaciones de tensión al obligar a los agresores y a las víctimas, por ejemplo, a utilizar la misma puerta de acceso.

Así lo denunciaron ayer miembros del sindicato ELA, preocupados por la inminente finalización de esta reforma, que además dejará en 9 metros cuadrados la superficie de la nueva sala para víctimas. «¿Qué pasaría si algún agresor se pusiera violento? Estas habitaciones las ocupan también los acompañantes de estas mujeres, que a menudo son menores», señaló ayer Olazne Bengoetxea, delegada sindical y trabajadora de estos juzgados. Precisamente los Puntos de Encuentro Familiar, lugar al que acuden las familias cuando sus relaciones están tan deterioradas que un juez regula las visitas con sus hijos, se han reformado en los últimos años para equiparlos con sistema de dos puertas vigiladas y separadas para evitar este tipo de conflictos.

Los trabajadores recuerdan que la víctima y el denunciante no deberían verse al prestar declaración. «Esto puede generar tensiones entre los funcionarios y los propios implicados y desembocar en situaciones de riesgo», subrayó Bengoetxea. Alrededor de cincuenta trabajadores de los Juzgados de la capital alavesa y el sindicato nacionalista se concentraron ayer frente a la puerta de la sede judicial en protesta por estas nuevas condiciones.

«La violencia contra las mujeres es un tema que está en boga y requiere de una gran sensibilidad, pero el departamento de Justicia hace caso omiso a las propuestas y recomendaciones de los trabajadores», denunciaron. Además de a su seguridad y a la de los usuarios, los empleados se refirieron a sus condiciones laborales, en las que los turnos de entre diez y doce horas diarias son cada vez más habituales. «Debemos atender a todos los detenidos que figuran en la agenda del día antes de marcharnos, pero no recibimos una retribución adicional por esas horas», recordó Bengoetxea.

Presencia de menores

La Fiscalía de Álava formuló un total de 516 calificaciones relacionadas con la violencia doméstica y de género en 2016, de las cuales únicamente el 6,9% dieron lugar a sentencias absolutorias; y se ejecutaron 83 sentencias relacionadas con penas de prisión.

Estos miembros del personal asumen además la tarea de prestar atención a las familias y a sus hijos durante los procedimientos de forma habitual, por lo que el sindicato ELA reclama que se les forme en psicología para llevar a cabo esta labor. «Que la víctima pueda coincidir con el denunciado no es una situación deseable y genera preocupación y estrés, las funcionarias van a estar solas y desprotegidas ante cualquier incidente», insiste este colectivo, compuesto por alrededor de un centenar de trabajadores distribuidos en los distintos Juzgados de violencia de Euskadi.

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