La demanda de vivienda protegida en Álava se hunde un 60% desde el inicio de la crisis

Vista general de varios bloques de viviendas del barrio de Salburua.
Vista general de varios bloques de viviendas del barrio de Salburua. / Igor Aizpuru

El Observatorio Vascode la Vivienda evidencia cómo Álava ha«girado» hacia un mayor protagonismo del alquiler, que solicita sobre todo gente ya emancipada

ANDER CARAZO

Cómo no, Álava se ha visto afectada en la metamorfosis mundial que ha provocado la crisis económica, que se inició hace casi una década. El mercado inmobiliario es un claro reflejo de esa transformación y sobre todo cuando en el caso del territorio histórico se comprueba cómo se ha reducido de manera ostensible la demanda de vivienda protegida (VPO). Desde 2008, justo antes de que se pinchase la dichosa ‘burbuja’, hasta el pasado 2016 -según los últimos datos recopilados por el Observatorio Vasco de la Vivienda- se ha reducido un 60,7% el número de solicitudes para acceder a un piso de estas características especiales, por lo que la demanda se ha hundido desde 17.075 hasta sólo 6.710 personas.

«Ahora mismo, los solicitantes alaveses suponen el 12,6% del total del País Vasco, por lo que se sitúa por debajo del peso poblacional de la provincia cuando antes de la recesión estaba muy por encima. ¿Por qué razón? El territorio ha mantenido una política enormemente consistente en esta materia durante el siglo XXI, que se ha traducido en la adjudicación de más de 15.000 pisos», destaca Mario Yoldi, director de Planificación del Departamento de Vivienda.

Una caída que se ha venido registrando a lo largo de toda la recesión, aunque los expertos consultados por este periódico explican que «adquirió una especial intensidad» a partir de 2012. Entonces, Etxebide determinó que se dejaban de sortear viviendas entre todos los demandantes sin distinción y se pasaban a adjudicar a quienes realmente demostrasen una especial necesidad. Además obligaron a renovar las solicitudes cada dos años y eso provocó que mucha gente saliese o fuese expulsada de forma automática de esa ‘lista de espera’.

«Los jóvenes ya no son los principales demandantes de pisos porque este grupo poblacional ha caído un 25% en esta última década. Por eso, el 50% de los solicitantes tienen más de 40 años y un 31%, más de 50. Todo está cambiando. Además, se ha complicado tanto la situación económica que sólo una pequeña parte de las personas que dicen necesitar una vivienda finalmente pueden pagarla», señala Yoldi, quien afirma cómo los responsables institucionales también han tenido que cambiar de mentalidad en esta materia.

‘El informe de la demanda de la vivienda’ evidencia que aún hay 1.071 personas que solicitaron una vivienda de protección antes de la crisis y que no han llegado a conseguirla. Una capacidad de respuesta, eso sí, superior a la registrada en Bizkaia (7.045 continúan en la ‘lista de espera’) y Gipuzkoa (con otras 5.160).

Frente a la compra

La mayoría de los que siguen inscritos en Etxebide lo han hecho durante la crisis económica y en el caso del territorio de Álava está «girando» hacia un mayor protagonismo del alquiler frente a la compra. La crisis, la precariedad laboral y las duras condiciones de los bancos para dar créditos han empujado a la sociedad a modificar su punto de vista. Una amplia masa que se encuentra con un mercado de alquiler escaso y muy caro, con una renta media mensual que ronda los 750 euros.

Por eso, el Departamento de Vivienda ya hace años que se volcó en el alquiler social como la mejor alternativa para las personas con rentas bajas. En el caso de la capital alavesa la gran mayoría de estas nuevas promociones se hallan en los barrios de Lakuabizkarra, Salburua y Zabalgana, aunque el Gobierno vasco también cuenta con un importante paquete de pisos de segunda mano.

El alquiler social es la opción más reclamada por quienes ya están emancipados y, en el caso alavés, estos suponen el 49,2% de los inscritos en el registro de Etxebide. Personas que, en muchos casos, tienen que recurrir a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para cubrir esa renta en el mercado libre de alquiler. En Bizkaia y Gipuzkoa, por el contrario, el perfil del solicitante se adapta más a una persona que sigue viviendo en el hogar familiar.

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