El conflicto con la Policía Local se enquista al rechazar la «insuficiente» oferta municipal

En una reunión de dos horas, el Gobierno PNV-PSE planteó a la plantilla incorporar de forma inmediata a quince interinos «con baja preparación», según palabras del propio coordinador general del área económica, Iñaki Gurtubai, a los representantes sindicales. Estos refuerzos procederían de la bolsa de trabajo del Departamento vasco de Seguridad y, como indican estas mismas fuentes, el propio interlocutor municipal señaló a los representantes del comité que incluso «habría que darles algún curso de tiro».

El siguiente ofrecimiento que más chirría entre los agentes es la propuesta de externalizar algunos servicios que hasta ahora presta la Policía Local como la vigilancia de la Casa Consistorial, las oficinas de San Martín y de la calle San Antonio o incluso el Belén Monumental de La Florida.

El concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Carlos Zapatero, confiaba en que esta serie de medidas podrían servir para «resolver una situación que no beneficia a nadie y perjudica a muchos, empezando por la ciudadanía y continuando por los propios agentes». Sin embargo, los representantes del comité de empresa inmediatamente declararon su falta de entusiasmo al respecto. «(La oferta) no soluciona el problema existente en la actualidad de falta de personal y de pérdida de derechos laborales», subrayaron en un comunicado.

Porque los trabajadores insisten en la necesidad de un aumento sustancial de la plantilla, que en los últimos años se ha visto mermada por las jubilaciones, las bajas, las reducciones de jornada y las excedencias. Una situación que se evidencia en su labor diaria. La noche del domingo al lunes, sin ir más lejos, no hubo personal suficiente para atestados, por lo que hubiese sido imposible tramitar una hipotética denuncia o atender un accidente de tráfico. Es más, sólo hubo dos patrullas en la calle y un agente primero -de la escala básica- ejerciendo como jefe de turno.

Los representantes del Gobierno municipal insisten en que convocarán una Oferta Pública de Empleo (OPE) en 2018, pero entonces -como ya sucedió con la de 2016- la ley limita la tasa de reposición y será complicado cubrir las necesidades del cuerpo de la Policía Local que cada año tiene menos capacidad para librar y atiende más eventos. Además, el próximo año entra en vigor el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que permitirá la jubilación a partir de los 60 años y al que se acogerán varios agentes.

Esa total falta de sintonía entre las partes, pese a que ambas han mostrado su disposición a volverse a reunir en los próximos días, tiene su consecuencia más directa en que se mantiene la ‘huelga de celo’. Las centrales niegan que se esté ejecutando pese a sus evidentes consecuencias contra el bolsillo de los vitorianos. En total, se han impuesto 2.110 multas en una semana a peatones, ciclistas y conductores por acciones que normalmente se pasaban por alto y que en algunas ocasiones se ha llegado a rozar el absurdo. De hecho, un único guardia -según afirmó el alcalde- impuso 80 multas la pasada semana cuando su registro habitual eran cinco en un mes completo.