El cambio en el bono taxi deja sin ayuda a decenas de alaveses con discapacidad

Un taxista ayuda a una persona discapacitada a acceder a un vehículo adaptado./Mireya López
Un taxista ayuda a una persona discapacitada a acceder a un vehículo adaptado. / Mireya López

Los cambios en el servicio introducidos por la Diputación en febrero genera quejas en las principales asociaciones

LAURA ALZOLA

Los cambios introducidos en febrero por la Diputación en el servicio de transporte alternativo para personas con movilidad reducida han despertado una «gran preocupación» en el colectivo de personas con discapacidad de Vitoria. La gestión de esta prestación, anteriormente en manos del Ayuntamiento, corresponde ahora a la institución foral, que tomó sus riendas en noviembre del año pasado. El traspaso de la competencia vino acompañado por una modificación de los criterios de acceso que dejan fuera a gran parte de los habituales beneficiarios del servicio, antes llamado ‘Bono taxi’.

Al menos dos de las asociaciones que representan personas con discapacidad en Álava se han pronunciado en los últimos días en contra de los cambios, que juzgan «muy graves». Entre las modificaciones, se encuentra, por un lado, la edad mínima de acceso al servicio. Establecida en 12 años desde 1989, ésta ha sido nuevamente elevada a los 16, dejando fuera a la población infanto-juvenil con dificultades para la movilidad autónoma. Por otra parte, las asociaciones señalan que las nuevas condiciones excluyen a aquellos usuarios que hayan pedido ayudas para la adaptación de vehículos, o tengan uno a su nombre. Estos coches, aclaran las organizaciones, suelen ser empleados por las familias, pero no propician autonomía a las personas discapacitadas, que sí la obtenían con el servicio de taxi.

Las modificaciones

Edad mínima.
La edad mínima se eleva de los 12 a los 16 años, como ocurría hasta 1989.
Vehículos.
La normativa foral excluye a los usuarios que hayan pedido ayudas para la adaptación de vehículos.
Porcentaje de discapacidad.
Las personas con un grado de discapacidad intelectual superior al 52% no pueden acceder al servicio.

Eginaren Eginez, la asociación de Personas con Discapacidad de Álava, señala que estas modificaciones «repercuten muy negativamente en las personas con movilidad reducida, que ven limitadas sus posibilidades de autonomía personal» y denuncia que «no se haya informado, ni contado con los colectivos representativos» en la introducción de los cambios.

Desde Aspace, la asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines, aseguran que la nueva normativa podría excluir a la mayoría de sus asociados. «De un total de 40 personas usuarias, en estos momentos solo cumplirían los requisitos una decena de ellas», subrayan.

Además, lamentan que se haya excluido del programa a quienes tienen más de un 52% de discapacidad intelectual. «No entendemos esta interpretación, las familias están muy afectadas, sería un desastre que esto se mantuviese», afirman desde esta organización, cuya dirección confía en poder exponer sus argumentos ante los nuevos gestores del servicio en próximas reuniones.

Ante las quejas recibidas, el departamento de Servicios Sociales de la Diputación asegura que estudia una posible rectificación parcial de los cambios con la intención de «reducir al mínimo» el número de personas afectadas. «Intentaremos solucionarlo para que no sean perjudicadas muchas personas», señaló a EL CORREO la diputada Marian Olabarrieta, quien subrayaba que, gracias a que el nuevo baremo, «el servicio es ahora equitativo e igualitario en todo el territorio».

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