La ola de bajas en Carnaval, nueva medida de presión en el conflicto de la Policía Local de Vitoria

Un coche de la Policía Local, durante el desfile del sábado. /Igor Aizpuru
Un coche de la Policía Local, durante el desfile del sábado. / Igor Aizpuru

La tarde del sábado, momento del desfile de Carnaval «más multitudinario», apenas dieciséis policías locales trabajaron en las calles de la capital alavesa

EL CORREO

La tarde del sábado, momento del desfile de Carnaval «más multitudinario», apenas dieciséis policías locales trabajaron en las calles de Vitoria. El Gabinete Urtaran cifra «en 29» el número de agentes ausentes en esa jornada vital, con miles de vitorianos congregados a lo largo del recorrido de las comparsas. En muchos de los cruces sólo había una valla. Fuentes de la comisaría de Aguirrelanda admiten la oleada de ausencias, aunque matizan que ese día «una decena» de funcionarios cogió la baja. El resto, diecinueve efectivos, «fue un goteo constante» a lo largo de las últimas semanas.

En todo caso se trata de una nueva estrategia de presión en el conflicto que mantiene buena parte de la plantilla de Aguirrelanda con el Gabinete Urtaran. Aparcada la huelga de celo encubierta a momentos muy puntuales, este aluvión de bajas en fechas señaladas supone otra vuelta de tuerca a un pulso cuya solución parece lejana. Desde octubre, además, apenas ningún guardia refuerza los numerosos huecos existentes.

Llamadas a la Ertzaintza

Aparte de suponer un riesgo para la integridad de los miles de espectadores y para los pocos policías que trabajaron, este déficit implicó que «varias» llamadas al 092 durante el desfile tuvieran que derivarse a la Ertzaintza. Entre ellas, una petición de ayuda por una violencia de género.

Asimismo, esa carencia de agentes se tradujo en que «no hubiera ni una sola patrulla» para regulación de entrada al Buesa Arena. A las siete de la tarde el Baskonia se enfrentó al Unicaja.

Sipla, central mayoritaria en Aguirrelanda, criticó ayer en una nota interna que «quizá esta situación tenga que ver con la no realización de la valoración de riesgos psicosociales, a pesar de que la edil de Función Pública se comprometió a realizarla en el segundo semestre de 2017».

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