El Ayuntamiento de Vitoria reclama casi 12.000 euros a un bloque social por el vado para emergencias

Los dos vados para emergencias de la calle Landaberde, cuya tasa municipal no se había exigido hasta ahora a los vecinos. /Blanca Castillo
Los dos vados para emergencias de la calle Landaberde, cuya tasa municipal no se había exigido hasta ahora a los vecinos. / Blanca Castillo

Vitoria comienza a «regularizar» el pago de los pasos para las ambulancias con «efecto retroactivo» y con «intereses de demora»

IOSU CUETO

A cuadros. Así se han quedado los vecinos de 168 viviendas ubicadas entre las calles Xabier y Landaberde de Lakua al ver el informe que les ha enviado el Ayuntamiento. En él se les comunica que deben abonar 11.344 euros por dos vados de emergencias -ambulancias y bomberos- situados junto a su urbanización. La factura corresponde a los últimos cinco años e incluye intereses de demora por no haber cumplido hasta ahora con la Hacienda local. El singular documento ha caído como una bomba entre los residentes, que además de estar «desconcertados» por la cuantía que deben pagar a escote denuncian que el Consistorio «jamás» les había reclamado esta tasa. Y agregan que si la factura ya asusta a cualquier comunidad, «en nuestro caso es peor, porque estos pisos son sociales». Según ha podido saber EL CORREO, esta es la primera consecuencia del «procedimiento de regularización» de reservas permanentes de aparcamiento iniciado por el Departamento de Hacienda. Al menos ocho comunidades, incluida la de Lakua, están de momento afectadas.

Fuentes del Gabinete Urtaran aseguraron que el informe enviado a la comunidad de propietarios de los diez portales comprendidos entre los números 7 y 25 de la calle Xabier tiene que ver con el Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal del Ayuntamiento. El Gobierno municipal aclara que estos vecinos deberían estar pagando una tasa por estos vados de emergencia, lo que no hacían -porque tampoco nadie se lo había reclamado-. Y lo que ahora se ha hecho es avisarles de que deben «regularizar» esta situación. Este caso y los demás, agregan, fueron descubiertos gracias a «los trabajos de inspección» que está desarrollando el Departamento de Hacienda con el fin de comprobar que los distintos conceptos impositivos están al día.

Pago fraccionado

Ahora toca la parte más controvertida, la de avisar a los vecinos. En el caso de Lakua, si se les ha girado ahora la cantidad a satisfacer por los últimos 5 años es porque «es el máximo a abonar en estos casos», aunque el propio Ayuntamiento tiene documentado que esos pisos obtuvieron la licencia de primera ocupación mucho antes, «el 9 de marzo de 2004». Como en cualquier situación de estas características, los afectados «podrán reclamar un fraccionamiento de pago» para atemperar en la medida de lo posible el impacto de la factura.

¿Cómo es posible que unos vecinos deban pagar por dos zonas acotadas para dejar paso a las emergencias que no pueden utilizar para acceder en coche a su garaje? Porque el Ayuntamiento considera que deben hacerlo. De hecho, el Gabinete Urtaran cerfifica que «ya se estaba pagando en otros casos», aunque ayer no pudo precisar su número exacto.

En concreto, la normativa municipal que regula esta cuestión en la ordenanza fiscal 7.4, que es la que fija las tasas por entrada de vehículos en edificios particulares y reservas temporales de estacionamiento. Este texto, que es el mismo que obliga a pasar por caja a todas las comunidades que solicitan que nadie pueda aparcar frente a los accesos de sus garajes, también tiene un apartado que habla de otros aparcamientos exclusivos «no utilizables para el acceso de vehículos al interior de las fincas», como es el caso de las emergencias.

Ese epígrafe, el número 15, indica que «por cada metro lineal o fracción de metro del espacio reservado» se pagarán 15,71 euros mensuales «siendo la cuota mínima la correspondiente a 5 metros». O lo que es lo mismo, que la factura mínima será de 78,5 euros al mes.

En el caso de la calle Xabier, se da la circunstancia de que existen dos zonas acotadas con señales en el lateral de la calle Landaberde que, como indican los técnicos del Servicio de Inspección de Tributos en el informe enviado a los vecinos la semana pasada, tienen una longitud de 4,8 metros. Estos distintivos, recuerdan, se colocaron hace años «como paso previo y obligatorio para obtener la licencia de primera ocupación de las viviendas», cumpliendo así con las exigencias básicas estatales de seguridad en caso de incendio.

«No hay culpabilidad»

En base a todo lo anterior, consideran que procede «regularizar» el pago de la tasa de vados correspondiente entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. Es decir, durante los últimos cinco años. No obstante, y aunque el Ayuntamiento nunca les reclamó el pago de este tributo, se le suman unos «intereses de demora» que engordan aún más la factura final.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que se cobran 5 metros por vado -son 4,8 metros cada uno, pero como mínimo se cobran 5-, el Ayuntamiento informa a los residentes de que es necesario abonar 5.672 euros por cada hueco. En total, 11.344. De ellos, 1.024 euros corresponden a intereses. Todo esto para hacer tabla rasa y eliminar la deuda con la Hacienda local. En base a las actuales tablas de la ordenanza fiscal que regula esta tasa, a partir del año que viene esta urbanización deberá pagar 1.885 euros anuales por los polémicos vados, es decir, 11,2 euros por vivienda.

El informe de regularización es contundente al defender el criterio municipal, aunque los inspectores también reconocen que «no aprecian grado alguno de culpabilidad en el sujeto pasivo», es decir, en los vecinos. De hecho, los residentes insisten en que no son responsables de los hechos y que el Ayuntamiento «intenta recaudar dinero por la puerta de atrás».

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