El Ayuntamiento prepara seis pisos para los vecinos desalojados de la calle Santo Domingo

Manifestación en Vitoria por los desalojos de la calle Santo Domingo/Rafa Gutiérrez
Manifestación en Vitoria por los desalojos de la calle Santo Domingo / Rafa Gutiérrez

Los residentes denuncian el «desamparo» municipal, que el Gobierno niega porque «hemos actuado desde el minuto uno»

IOSU CUETO

El Ayuntamiento de Vitoria ultima la reforma de seis pisos de la sociedad Ensanche 21 para realojar «de manera estable» a las familias que fueron desalojadas hace casi un mes de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo del Casco Medieval por el mal estado de sus viviendas. Estos pisos serán ofrecidos de forma gratuita «en los casos en los que la valoración social así lo aconseje por un periodo de un año», mientras se realicen las labores de consolidación de las estructuras de los inmuebles. Así lo establece una moción de PNV y PSE aprobada esta mañana por el pleno con el apoyo del PP y la abstención del resto de grupos, un texto que también requiere al Gobierno local a que mantenga a disposición de los afectados un local para depositar «pertenencias voluminosas» durante la reforma.

Las han intervenido en el turno popular del pleno para manifestar la situación «inhumana» que han padecido después de que el Ayuntamiento les exigiera reforzar la estructura de sus casas en abril, una advertencia que el pasado 26 de octubre se convirtió en una orden de desalojo en el plazo máximo de 72 horas, dado que la estabilidad de los edificios corría peligro. Los residentes han denunciado el «desamparo» municipal porque «nadie nos ayudaba». En algún caso, «hemos tenido que cambiar de servicios hosteleros hasta en cinco ocasiones», ha dicho Miriam, una de las afectadas. «Esto es inhumano, estamos sufriendo muchísimo. No pertenecemos a una clase alta, pero queremos volver a nuestras casas. Esto es desesperante».

Iker Tapia, administrador del número 42, ha añadido que «ahora parece que habrá seis pisos y una lonja, pero después de un mes. No pueden permitir que se hundan los edificios, saben que no podemos hacer frente a las obras, aunque nunca nos hemos negado a hacerlas. Lo que pasa es que para nosotros es inviable hacer frente a esas cuantías. Es importante que el Casco Medieval se mantenga, con edificios como el de la Catedral, pero también se deben cuidar los pisos. No permitáis que las calles del barrio se derrumben».

La valoración vecinal ha encendido al concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain, que ha defendido la actuación municipal tras desglosar todas las actuaciones, con datos, reuniones y fechas. El jueves 26 de octubre, ha dicho, «Urbanismo dictó la resolución de de desalojo y para el lunes 30 se garantizó que todas las familias tuvieran un lugar al que acudir. En apartamentos privados y hasta pagando hoteles. Nadie se quedó en la calle». El edil socialista ha enfatizado que «no ha habido ningún desamparo. Se ha atendido a todo el mundo. Se ha actuado con la celeridad requerida, desde el minuto uno. ¿Abandono municipal?, ninguno». López de Munain ha lamentado que las familias tuvieran que cambiar de alojamiento, pero ha indicado que el Consistorio buscó en el mercado «apartamentos privados» que pudieran ocuparse de forma inmediata y en esos negocios ya tenían reservas concertadas con clientes para otros fines de semana «porque había conciertos u otros eventos», por lo que ha habido que realojar de nuevo a los afectados. «Pero nadie se ha quedado en la calle, aunque entiendo la incomodidad de moverse de un lado a otro», ha agregado. El teniente de alcalde ha explicado a los vecinos que «estamos preparando los pisos para que se pueda entrar cuanto antes. De momento un año, y si hace falta más tiempo se ampliará».

La concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo, ha respaldado a López de Munain y ha recordado que esta polémica «no comenzó el 26 de octubre, sino en abril, cuando se pusieron en conocimiento de las comunidades los graves defectos estructurales de los edificios y se prohibió el uso de una parte de la planta baja. No se tomaron medidas inmediatas y tras la visita de los técnicos se constató que la situación se había agravado. Y claro, el 26 de octubre se dieron 72 horas para realizar el desalojo porque se primó la seguridad y la integridad física de las personas». La edil jeltzale ha dicho que desde que se exigió a los vecinos que se marcharan de sus casas «en menos de 12 horas se les informó, todos fueron citados el sábado y en 48 horas todos tenían un alojamiento nuevo». Gonzalo ha «lamentado» la situación y sus consecuencias, pero ha insistido en que «se podría haberse evitado» si se hubiera hecho caso a los avisos de los técnicos. Además, y ante las críticas de EH Bildu, la concejala ha recordado que el Gabinete Urtaran ha «heredado» una situación que llega «tras la disolución de la agencia que rehabilitaba el Casco Viejo, la Arich, que fue exigida precisamente por la coalición abertzale». Gonzalo ha aprovechado para recordar que en 2016 Ensanche 21 destinó 400.000 euros a ayudas a la rehabilitación, y que el 23% de ellas se concedieron en el Casco Medieval.

El popular Miguel Garnica ha lamentado que los vecinos hayan sentido «la falta de tacto» del Ayuntamiento. «Votaremos a favor de la enmienda del PNV y el PSE porque supone dar una solución concreta y la limita en el tiempo, aunque si hace falta más de un año se podría alargar».

Ane Aristi, de EH Bildu, ha sido mucho más dura. «Hace casi un mes de que empezó la odisea. Desde entonces los vecinos han estado todo el tiempo con idas y venidas, las quejas están más que fundadas y demuestra lo alejada que está esta institución de los vecinos. El Gobierno no ha estado a la altura. Es un aviso de lo que va a pasar en más bloques de esta calle y del Casco Viejo, y el Gobierno parece que no se da cuenta de esto. No existe un protocolo y se ha improvisado». Tras ello, ha preguntado «¿Qué plan tiene el Gobierno para los vecinos que no tienen recursos suficientes para pagar estas obras? ¿Las va a dejar caer?».

Juan Cerezuela, de Podemos, también ha lamentado el «auténtico drama» vivido por los vecinos. «Un Ayuntamiento serio debería tener la capacidad de dar una respuesta inmediata ante una desgracia», ha reprochado al Gobierno. Óscar Fernández, de Irabazi, ha criticado «la falta de tacto institucional. Es indignante que el viernes se notificara el desalojo a los vecinos y no supieran dónde se podían realojar. Esta es una cuestión excepcional que desgraciadamente se podría repetir».

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