El Ayuntamiento ordena el desalojo de dos portales de Santo Domingo por «peligro de derrumbe»

Vista de las viviendas que tienen que ser desalojadas./Igor Aizpuru
Vista de las viviendas que tienen que ser desalojadas. / Igor Aizpuru

Los residentes piden que se les facilite una opción de realojo porque «no tenemos dónde ir»

IOSU CUETO

El Ayuntamiento de Vitoria ha dado tres días a los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo del Casco Viejo para que desalojen sus casas. El plazo es «improrrogable» dado que los técnicos municipales han detectado que la estructura de los edificios se encuentra «en muy mal estado», por lo que existe un «peligro de derrumbe» de parte de los mismos. En consecuencia, la decisión del Departamento de Urbanismo ha sido contundente: los vecinos deben cortar el agua antes de 48 horas y salir de allí antes de 72. Los residentes han lamentado la situación, dado que según han denunciado el Consistorio no les ha facilitado ninguna opción de realojo. «Nos tenemos que marchar de nuestras casas y no tenemos dónde ir», alertan.

Los inmuebles afectados acumulan numerosos problemas. De hecho, el Departamento de Urbanismo ya había alertado a sus propietarios en abril de que tenían que presentar «un proyecto de consolidación de la estructura firmado por un técnico competente». Y también prohibió el uso de la planta baja, de los pisos primero y segundo izquierda del número 42.

Inspección

Ayer jueves, una arquitecta municipal volvió a los pisos para realizar una inspección y emitió un informe en el que constató que las filtraciones continuaban, que el bajo del número 42 estaba apuntalado «pero las sopandas que se introdujeron para el apuntalamiento están en gran medida deterioradas por la humedad».

Además, el Departamento de Urbanismo ha informado a los residentes de que la Ley de Suelo vasca incluye el «deber» de los propietarios de «conservar sus edificios», algo que en este caso «no se ha cumplido».

El Ayuntamiento también les comunica que a partir de ahora podrá adoptar dos medidas. La primera es la ejecución subsidiaria de las obras, es decir, hacer la reforma por su cuenta y después girarles la factura. La segunda es la imposición de «hasta diez multas coercitivas de periodicidad mínima mensual». Cada una de ellas sería de 1.200 euros, lo que se corresponde con el 10% del coste estimado de las obras necesarias.

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