La Audiencia de Álava paraliza el desahucio de Bartolomé Jiménez, presidente de Gao Lacho Drom

Bartolomé Jiménez, presidente de Gao Lacho Drom, frente a la sede de la asociación. /Blanca Castillo
Bartolomé Jiménez, presidente de Gao Lacho Drom, frente a la sede de la asociación. / Blanca Castillo

El presidente de la asociación gitana seguirá viviendo en el barrio vitoriano de Sansomendi una vez que el tribunal ha considerado nula una cláusula de un préstamo

JUDITH ROMERO

La familia de Bartolomé Jiménez, el presidente de la asociación gitana Gao Lacho Drom, seguirá viviendo en el barrio de Sansomendi después de que un juzgado de Vitoria haya decidido paralizar el proceso de desahucio. El pasado mes de mayo supieron que el banco que les había concedido un préstamo para su hija pretendía subastar la que había sido su casa durante los últimos 35 años, tres décadas y media en las que Jiménez ejerció una labor insustituible en la tarea de avanzar en la integración del colectivo gitano en la ciudad. El respetado patriarca respaldó parte del crédito con su domicilio habitual pero, tras tener dificultades para abonar los pagos a tiempo, el banco reclamó la totalidad del préstamo.

La vivienda de protección oficial en la que residen Cesárea y Bartolomé, jubilados de 68 y 72 años, desde que abandonaron el poblado Gao Lacho Drom está valorada en 254.800 euros según los tasadores. Sin embargo, La entidad bancaria fijó la subasta del apartamento por 69.626 euros, apenas un 27% de su valor original. La Audiencia Provincial alavesa ha considerado nula la cláusula de vencimiento anticipado -que permite al banco reclamar todo el préstamo cuando se impaga una cuota- y ayer decretó el sobreseimiento del lanzamiento.

El desahucio de esta familia llevaba paralizado de forma temporal desde junio gracias a una demanda presentada por los abogados de la plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios. Su hija María necesitaba 120.000 euros para poner en marcha una tienda de comestibles y sus padres avalaron 48.000. Solicitó el préstamo en 2008 y, pese a no abonar algunas cuotas a tiempo, la familia sostiene que nunca se negó a pagar. «Intentamos hablar con la caja en todo momento», explicaba el patriarca el pasado verano.

Sin recurso

La situación de María, residente en una vivienda distinta a la de sus padres, se complicó aún más después de su separación. Sus hijos de 13 y 20 años dependían de ella económicamente y no pudo abonar algunos pagos mensuales de 400 euros. La familia ya consideraba que la tasación inicial de esta lonja también fue «un engaño» dado su precio para «un local muy pequeño». La tasación oficial de su casa demuestra también que la subasta fijada por el banco estaba muy por debajo del valor original de la residencia.

No cabe posibilidad de recurso ante esta sentencia, que se suma a la resolución dictada en diciembre por el Juzgado de Primera Instancia número 1. El despacho de abogados donostiarra RES, colaborador habitual de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), valoró muy positivamente esta resolución de la Audiencia alavesa. «Se ha realizado un año después del plazo en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, pero el juez ha reconocido que no deben aplicarse normas nacionales que contravienen directivas europeas», explicaron.

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