Asociaciones gitanas de Vitoria denuncian la presencia de «patrullas vecinales» contra los "pichis" en Asteguieta

Vecinos de Asteguieta se manifestaron el pasado mes de diciembre. /Blanca Castillo
Vecinos de Asteguieta se manifestaron el pasado mes de diciembre. / Blanca Castillo

Aseguran que es «un acto de racismo antigitano que se basa en el origen étnico de la familia y en un estereotipo que identifica con la delincuencia a todos los miembros de esta familia»

ELCORREO.COM

La Fundación Secretariado Gitano y la asociación gitana Gao Lacho Drom de Vitoria han denunciado este lunes la presencia de «patrullas vecinales» en el barrio de Astegieta con el fin de «impedir que una familia gitana pueda acceder a su nueva vivienda» de protección social en la capital alavesa.

La sociedad pública de alquiler del Gobierno vasco, Alokabide, ha adjudicado en este barrio a la familia Manzanares Cortes, conocida como los 'pichis', un piso de protección social que fue objeto de un ataque el pasado mes de diciembre.

Como consecuencia del «'bullying' mediático y social» contra esta familia, asegura el comunicado, medio centenar de personas, entre ellos profesores universitarios y conocidos activistas de distintas causas sociales en Vitoria, firmaron a mediados de ese mismo mes un manifiesto en apoyo a los "pichis" y a su derecho a «vivir en paz».

«Racismo antigitano»

Este lunes ha sido la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y la asociación vitoriana Gao Lacho Drom las que han denunciado la creación de «patrullas vecinales para impedir» que los Manzanares Cortés puedan acceder a su vivienda.

«Consideramos que se trata de un acto de racismo antigitano, que tiene por objetivo impedir el disfrute de un bien básico fundamental como es la vivienda, que se basa en el origen étnico de la familia y en un estereotipo que identifica con la delincuencia a todos los miembros de esta familia, que incluye a menores», han señalado en el comunicado.

Denuncian actitudes que «forman parte de una larga tradición de antigitanismo» en España y de «actos racistas e ilegales, que deben ser combatidos por la ley e impedidos y paralizados por las autoridades competentes».

Por ello, han exigido a las autoridades locales y a sus cuerpos de seguridad que adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso de esta familia a su vivienda y para identificar a los organizadores las patrullas como posibles autores de un delito de odio basado en el origen étnico.

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