El Ararteko avala la actuación foral en el caso de prostitución de menores de Sansoheta

Una persona, ajena a la información, delante de la fachada del centro foral Sansoheta. /Jesús Andrade
Una persona, ajena a la información, delante de la fachada del centro foral Sansoheta. / Jesús Andrade

El defensor considera que la intervención de la Diputación «no fue incorrecta» e incide en que los jóvenes fueron víctimas y no delincuentes

JUAN CARLOS BERDONCES

«No ha sido incorrecta la actuación llevada a cabo por la Diputación Foral de Álava». Es la última frase de la resolución dictada por el Ararteko, Manuel Lezertua, sobre la investigación que inició de oficio en noviembre del año pasado para «conocer las medidas tomadas por las autoridades vascas» -especialmente por la entidad foral- en el caso de prostitución de menores, desvelado en exclusiva por EL CORREO, que afectó a jóvenes bajo tutela o guarda de la administración alavesa en el centro de Sansoheta.

Después de haberse reunido tanto con el diputado general, Ramiro González, como con la titular de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta -que sustituyó a la actual consejera Beatriz Artolazabal, diputada foral del área en el momento de los hechos-; tras haber pedido información a ese departamento foral y a la Policía Local sobre las investigaciones abiertas y después de haber visitado el centro y entrevistado a sus responsables, el defensor del Pueblo vasco avala la actuación de la Diputación. En sus conclusiones, valora que el Gobierno foral «denunciara ante los cuerpos policiales y notificara a la Fiscalía en cuanto tuvo conocimiento, tanto en abril como en octubre, de la comisión de un delito en el que menores bajo su tutela estaban siendo víctimas». El hecho de que investigara «en los ámbitos de su responsabilidad para esclarecer los hechos»; que activara actuaciones educativas para la protección y aprendizaje «de los chicos y chicas»; y que colaborara con Policía y Ertzaintza, informara a las familias y protegiera la identidad de las víctimas, ha sido tenido en cuenta por el Ararteko.

La red de prostitución, con nueve chavales supuestamente involucrados y seis adultos investigados, llevaba funcionando al menos desde un año antes de que este periódico informara sobre la investigación de una presunta trama a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria y la Fiscalía de Menores. Así lo declararon algunos jóvenes ante la jueza. También dijeron que comenzaron a practicar sexo a cambio de dinero como método para conseguir un estilo de vida superior al que podían permitirse. En ocasiones, añadieron en sede judicial, empleaban el ordenador del centro de acogida para establecer las citas, que tenían lugar en hoteles a las afueras de Vitoria o en aparcamientos.

La denuncia de una madre

Lezertua afirma en su resolución que se trata de un caso «de abuso de personas mayores a menores» y señala que se ha trasladado «de modo equívoco» la imagen de las personas menores implicadas «como si fueran delincuentes y no como víctimas», olvidando que están en situación de desprotección. La conducta «penalmente reprobable» ha sido la de los «agresores, a los que se ha denominado clientes». El Ararteko sitúa el origen de los hechos investigados en la denuncia de la madre de uno los presuntos implicados en la trama, que sospechaba que su hijo podía estar anunciándose en una web de contactos, tal y como informó este diario en su día.

La Diputación, destaca Lezertua, investigó «y descartó que el presunto infractor estuviera actuando en el marco de la prestación de servicios públicos que le procuraran el contacto con menores». Y, en este sentido, el Ejecutivo foral apartó «de manera cautelar del trabajo directo» con estos jóvenes en el centro foral Sansoheta «a un educador en el mismo instante en que se vertieron dudas sobre su eventual implicación en los hechos investigados», concluye.

El «cuestionado» ordenador del centro

El ordenador del centro Sansoheta que, según los menores implicados en la trama, servía para establecer las citas fue entregado «voluntariamente» por la administración foral «por si pudiera facilitar la investigación policial», dice el Ararteko. Aunque en su resolución precisa que «las prácticas denunciadas se producían a través de Facebook y Messenger, a donde se accede desde cualquier dispositivo (móvil, ordenador de uso público en centro cívico, educativo...). De hecho, la primera sospecha se produjo por los mensajes en el teléfono». Y casi todos los chicos del centro tienen uno y su uso «generalmente no está restringido».

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