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David González
Lunes, 27 de febrero 2017, 12:25
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El juicio a la trama pakistaní que estafó, al menos, 469.295 euros a Lanbide con el cobro fraudulento de un número indeterminado de Rentas de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestaciones Complementarias de Vivienda (PCV) ha celebrado estae lunes su primera jornada con sorpresa. Uno de los dos cabecillas, el otro está en paradero desconocido, ha aceptado la propuesta de la Fiscalía de Álava. Se trata de una pena de cuatro años y medio de cárcel, que será sustituida por la expulsión del país durante una década. Otro procesado también ha dado el ok a este acuerdo, aunque no así a la expulsión. Ha alegado que no quiere volver a su país al peligrar su integridad. Es chií y en Pakistán «podrían matarme».
La Audiencia Provincial de Álava decidirá sobre esta petición en las próximas semanas. Mientras, hasta el jueves, escuchará a peritos, policías y expertos, quienes pondrán luz sobre esta red, que sacó los colores al Gobierno vasco durante casi un lustro al usar pasaportes falsificados y cobrar, sin corresponderles, estas ayudas sociales de carácter mensual. El cabecilla que ha aceptado su expulsión llegó a manejar hasta «trece identidades diferentes». Se estima que pudo embolsarse «8.000 euros cada mes». El otro jefe e ideólogo de esta trama, Ali. S.M., jamás apareció. Se desconoce su paradero actual o cuánto dinero ganó. De hecho, durante la investigación se ha dado por hecho que hay implicadas «otras personas de idéntica nacionalidad que no han podido ser localizadas».
La RGI y la PCV son prestaciones destinadas a personas sin recursos y se pueden cobrar sin límite de tiempo. Van desde los 625 euros hasta rozar los 1.200 euros. Sin embargo, una persona sólo puede cobrar una RGI y una PCV como máximo. Lo que presuntamente hizo esta mafia fue crear identidades falsas para recibir un número indeterminado de ayudas. Según la Fiscalía de Álava, los implicados se embolsaron al menos 469.925 euros sólo entre 2013 y 2015.
En febrero de 2015, un operativo especial de la Ertzaintza sacó a la luz el engaño. Hubo siete detenidos. Desde entonces, todos permanecen en prisión preventiva. El trabajo posterior del Sicta, una unidad especializada de la Policía autonómica, ha acreditado que ya en julio de 2011 empezaron a timar a Lanbide, gestor directo de la RGI y la PCV. De momento, tres implicados ya han aceptado su expulsión del país.
Queda por concretar qué ocurre con el miembro que acaba de aceptar los cuatro años de cárcel pero no la expulsión, asi como con los otros tres supuestos miembros que este lunes han negado su implicación. La Fiscalía de Álava solicita para cada uno de estos tres sujetos un total de ocho años de prisión, que se sustituirían por la expulsión de España durante una década. También se les pide a todos una compensación a Lanbide de 469.925 euros en concepto de responsabilidad civil. «Si el dinero estafado jamás apareció, parece complicado que paguen esa multa si les declaran culpables», ironizan fuentes de la Ertzaintza.
No en vano, salvo un Iphone 6 utilizado por uno de los dos cabecillas, los agentes sólo hallaron calderilla, tanto en los registros de las casas donde realmente residían, como en el rastreo de sus cuentas corrientes. Los detenidos apenas gastaban en su día a día. Vivían en condiciones muy modestas. Por ejemplo, acostumbraban a dormir en grupo para ahorrar calefacción. Se cree que el grueso de ese dinero «lo enviaron a Pakistán. A saber a qué se ha destinado», deslizan medios policiales.
Todos los procesados proceden de Gujrat, al norte de ese país asiático. Aunque en la vista han explicado que se conocieron en Vitoria. En esta región pakistaní también se localiza otra mafia que enviaba menores a Álava para vivir al cobijo de la Diputación como 'menas' (acrónimo de menores extranjeros no acompañados). Este caso sigue en fase de instrucción.
El «cerebro», desaparecido
El engaño a Lanbide era sencillo. Elaboraron un número indeterminado de pasaportes falsos para generarse identidades creíbles. Lo mismo hicieron con los empadronamientos, requisito imprescindible para cobrar RGI y PCV. Los hay de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Bermeo, Barakaldo, Gabiria, Llodio y Oion. En sus solicitudes aportaban contratos ficticios de alquileres de pisos o de habitaciones. En uno de los domicilios registrados, efectivos de la Ertzaintza descubrieron útiles para modificar la documentación. Al parecer, durante casi cinco años dieron el pego.
El otro jefe e ideólogo de esta trama, Ali. S.M., jamás apareció. Nadie conoce su paradero actual ni cuánto ganó. El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, advierte de que hay implicadas «otras personas de idéntica nacionalidad que no han podido ser localizadas».
También en Álava, la Policía Nacional desmanteló otra trama, ésta nigeriana, que robó «400.000 euros anuales» a Lanbide.
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