El Correo

La contrata de limpieza eleva la tensión con el Ayuntamiento al despedir a ocho operarios

La contrata de limpieza eleva la tensión con el Ayuntamiento al despedir a ocho operarios
  • El Gobierno municipal sancionará a la adjudicataria, FCC, si no les readmite, pero descarta romper su contrato más importante

El despido de otros tres trabajadores de la contrata de limpieza disparó ayer la tensión entre la adjudicataria del servicio y el Ayuntamiento de Vitoria. La unión empresarial compuesta por FCC y GMSM Medioambiente ya ha prescindido de ocho empleados en apenas medio mes. Como sucedió con los casos anteriores, los gestores han alegado los perjuicios económicos provocados por el alto grado de absentismo laboral (ronda el 25%, dicen) para echar al médico de la empresa, a la enfermera y a una operaria.

En julio de 2015 entró en vigor el actual acuerdo por el que Fomento de Construcciones y Contratas se encargaría de la limpieza y la recogida de residuos urbanos durante ocho años, prorrogable por otros dos más, y que sirvió para renovar una alianza que se inició a mediados de 2006. Pero la polémica rodeó todo el proceso hasta la firma definitiva del nuevo contrato. La prestación del servicio salió a concurso por 25,5 millones de euros por ejercicio, lo que atrajo la atención de las principales constructoras del país –Ferrovial, ACS y Sacyr–. El contrato cayó del lado de la UTE liderada por FCC dada su notoria rebaja del precio (se comprometió a asumir la tarea por 22,8 millones anuales). Sus competidoras paralizaron el proceso para que se estudiara con detalle una oferta que consideraban temeraria.

Precisamente, esa rebaja es –según coinciden todas las fuentes conocedoras del pliego– el origen de los ‘males’ económicos que ahora sufre la multinacional, que en Álava ya se encargó en el pasado de la construcción de la autopista Vitoria-Eibar (AP-1) y del multiusos Iradier Arena y que lastra su gestión. Solo el absentismo laboral hace que se registren unas pérdidas anuales de 1,8 millones que acaban por descuadrar sus cuentas, sostiene la firma. Además, la estrecha vigilancia a la que le ha sometido el Ayuntamiento –que le descuenta de sus honorarios lo que consideran, por ejemplo, tareas no realizadas–, ahoga aún más las posibilidades de una gestión económica con números en azul para la empresa.

Es en este contexto en el que se han registrado los últimos ocho despidos. Los tres últimos, que parecen haber colmado el vaso de la paciencia del Gabinete Urtaran –descontento además con el trabajo de FCC en las calles–, se produjeron pocos minutos antes de la celebración de una comparecencia extraordinaria del concejal de Medio Ambiente, el jeltzale Iñaki Prusilla. El último movimiento empresarial irritó de forma evidente al Gobierno local, además de por el fondo, por las formas: se realizó un día después de haberse reunido con los responsables de FCC. «La dirección ha elegido un método errático para presionar al Ayuntamiento. Ponen en una situación muy delicada a Vitoria», recalcó el edil del PNV. La oposición interpreta que la empresa pretende presionar con estas medidas para lograr un respiro económico ante lo ajustado de su rentabilidad.

De momento, el Gabinete de Gorka Urtaran no se amilana. Anunció ayer que impondrá una sanción catalogada como ‘muy grave’ y cuantificada en 30.000 euros si no se readmite a los ocho trabajadores que se han quedado en la calle durante las últimas dos semanas. Un nuevo expediente que se sumaría a los siete que se abrieron durante 2016 por incumplimiento de las labores de limpieza fijadas en el contrato.

Prusilla aseguró que «no le temblará el pulso» para tomar futuras decisiones. Sin embargo, entre esas alternativas no se contempla la posibilidad de rescindir el contrato o rescatar (‘municipalizar’) el servicio para que lo vuelva a prestar de forma directa el Consistorio como le reclaman EH Bildu, Podemos e Irabazi desde la izquierda. Todas estas posibilidades han sido estudiadas por los servicios jurídicos municipales y descartadas por el alto coste que supondrían para las arcas consistoriales y el vacío legal que existiría sobre la continuidad de la plantilla actual. «Nos están haciendo la ‘trompetilla’ para que rescindamos el contrato para recurrir a la vía judicial y pedirnos indemnizaciones», apuntó el teniente de alcalde Peio López de Munain.

Estos argumentos no convencieron en absoluto a Aitor Miguel, de EH Bildu, que acusó al equipo de gobieron de recurrir a «respuestas tibias». «La empresa justifica los despidos en base a una supuesta falta de beneficios, pero ellos mismos deberían hacerse responsables de esta situación porque ellos presentaron la planificación económica», comentó el edil de la coalición abertzale. El representante del PP Alfredo Iturricha habló sobre la posibilidad de que los trabajadores recurran a la huelga para buscar que la dirección y el Gobierno muevan ‘pieza’.

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