Vitoria apoya el plan contra la guetización escolar y lo presentará al Gobierno vasco

El documento adelantado por EL CORREO plantea, dentro de una larga batería de propuestas, una única oficina de matriculación que evite «procesos informales de selección de escolares»; medidas para que las familias de rentas bajas no paguen cuotas en los centros concertados por la educación obligatoria o un reparto equitativo de los alumnos que se incorporan a las aulas alavesas con el curso ya empezado. También propone que se controle que todos los colegios tengan disponibles esas plazas.

Desde los departamentos de Educación y de Convivencia del Ayuntamiento, convocantes de esta mesa de trabajo, avanzan que darán nuevos pasos. En esta línea, desde el servicio que dirige la socialista Estíbaliz Canto avanzaron su voluntad de cumplir las propuestas que sean competencia municipal. «Algunas ya están en marcha, otras forman parte de nuestro plan estratégico y el resto se estudiará cómo se desarrolla».

En la bancada de la oposición el documento recibió el respaldo unánime de todos los grupos, que coincidieron en pedir que «no quede en papel mojado» la labor de una mesa de trabajo que ha estado integrada por técnicos de Educación del Gobierno vasco y del Ayuntamiento, Ampas, colectivos sociales y directores de colegios públicos y de la red concertada. Pero, sobre todo, los partidos destacaron el consenso que se ha logrado alcanzar para cerrar el plan.

En el Parlamento

Iñaki García Calvo (PP), que valoró ya el mero hecho de que haber sentado en una mesa a agentes de lo público y lo concertado, insistió en que «es al Gobierno de Urkullu a quien le corresponde abordar de lleno este asunto». Con intención de que la consejera Uriarte conozca de primera mano el proyecto, la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, avanzó su intención de que el grupo de trabajo presente sus conclusiones en el Parlamento vasco.

El concejal de Podemos Juan Cerezuela, sin embargo, planteó sus dudas sobre la financiación y echó en falta «saber con antelación la capacidad de ejecución de este plan, y eso lo deberían haber cerrado antes el Ayuntamiento y Gobierno vasco». Al margen de ello, Oscar Fernández (Irabazi) consideró que este plan es un «documento de mínimos» que ambas instituciones «tienen que cumplir».