El Ayuntamiento paga 1.350 euros a un mediador por dos horas de reunión y un informe de 10 páginas

La contratación se realizó a través del Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia, capitaneado entonces por la peneuvista Jaione Aguirre. La firma, ubicada en Vitoria, presentó en diciembre del año pasado una factura bajo el concepto de Buscando un punto de encuentro en el uso del local municipal destinado a las asociaciones de la zona de Gazalbide. Diseño, dinamización y documentación de un taller de trabajo celebrado el 30 de octubre de 2015».

En la minuta se especifica que se dedicaron «25,5 horas» a este cometido. El informe elaborado por la empresa de mediación dice que «dos horas largas» fueron para el encuentro de las partes. Las otras veinte, por lógica, se emplearon en la elaboración del dossier de diez páginas.

Reunión interna

Éste, básicamente refleja las posturas de cada colectivo. Especifica que «para generar tres huecos o espacios uno para cada asociación se acuerda mantener el espacio que ocupa» una de las asociaciones y «compartir la sala que ocupa» otra de ellas con una tercera, la de más reciente creación. También se emplaza a las tres implicadas a mantener «una nueva reunión interna para seguir profundizando en la gestión y uso compartido» del inmueble.

Desde el gabinete Urtaran reconocen esta contratación puntual, aunque matizan las razones. «Efectivamente, a principios de legislatura se recurrió a un servicio de mediación externo entre las asociaciones de vecinos, que tenían un conflicto por el uso de los locales. Se contrató a una empresa y se logró que se pusieran de acuerdo para poder compartir el local que les ofrece el Ayuntamiento, que lógicamente no podía ser parte».

A pesar de esa lectura satisfactoria, el equipo de gobierno dice que ha iniciado «una revisión de la política de locales municipales llevada a cabo hasta la pasada legislatura con el objetivo de optimizar los recursos propios, de ser más rigurosos en la gestión y de evitar en la medida de lo posible, como se hacía hasta entonces, cargar a las arcas municipales alquileres de locales y que en varios casos estaban infrautilizados».