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Competencia impone 250.000 euros de multa al Colegio de Odontólogos

Carmen Mozas, presidenta del Colegio de Odontólogos de Álava.
Carmen Mozas, presidenta del Colegio de Odontólogos de Álava. / Rafa Gutiérrez
  • Dentix presentó una denuncia al sentirse perjudicada por unas valoraciones que realizó la presidenta sobre la prestación de servicios de algunos dentistas

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto una multa de 250.000 euros al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava, y otra de 10.000 euros a su presidenta, Carmen Mozas, por una infracción «muy grave» de la Ley de Defensa de la Competencia. La denuncia que ha generado esta elevada sanción fue presentada el pasado 12 de abril por Dentoestetic centro de salud y estética dental, Dentix S.L., al considerarse perjudicada por unas declaraciones en prensa realizadas por la presidenta de la entidad, agrupación que recurrirá el fallo.

Los hechos que ahora han sido tan duramente sancionados tienen su origen, según informó la AVC, en una entrevista publicada el 27 de marzo de este año en la que Mozas «hacía valoraciones negativas de diferentes formas de prestación de servicios por parte de ciertos dentistas», sin citar a ninguno en particular. En la resolución, sin embargo, se considera «acreditada la existencia de una infracción muy grave» por el incumplimiento de un compromiso adquirido por el Colegio meses atrás con el Consejo Vasco de la Competencia, en octubre de 2015.

En ese momento, el Consejo aceptó cerrar sin sanción un expediente incoado a la entidad que agrupa a los odontólogos «por una publicidad en la que sembraba dudas en la población sobre los servicios prestados por determinadas clínicas dentales y dirigía a los pacientes hacia los dentistas ‘de confianza’». Para evitar la sanción, el órgano colegial se comprometió a «abstenerse se valorar, de forma pública o privada, cualquier forma de comercialización de productos o servicios por parte de los dentistas», señala el fallo. El objetivo era evitar «el menoscabo del prestigio de ciertos modelos empresariales» de los que no se hubiese acreditado que existiera mala praxis, publicidad engañosa ni riesgo para la salud de los pacientes.

A juicio de la AVC, las declaraciones de Mozas por las que se le sanciona suponen «una valoración negativa de los servicios prestados por algunos profesionales vinculando mala praxis con un determinado tipo de organización empresarial». Asimismo, consideran que «introducen incertidumbre sobre la capacidad de determinados profesionales que han superado los requisitos establecidos por la ley para actuar como odontólogos».

Obligación de pagar

El hecho de no haber respetado los compromisos adquiridos «motivan las sanciones», que ponen fin a las actuaciones por vía administrativa. Sin embargo, el Colegio de Odontólogos ya ha anunciado que interpondrá recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según explicó el abogado de la entidad, «entendemos que no tendría que haber sanción porque el texto no fue confeccionado por el Colegio» sino que en el mismo «se hace una interpretación» de las palabras de la presidenta, «que no citó nombres». Por otra parte, el letrado entiende que la multa es «desproporcionada». De hecho, plantea un serio problema al Colegio, ya que «el dinero hay que pagarlo antes del 20 de diciembre» independientemente de la presentación del recurso y de lo que finalmente decida la autoridad judicial.

La Ley fija que la sanción será un 10% de la facturación del infractor, «pero esa es una ley pensada para empresas. Nosotros no tenemos facturación», explica el abogado. Ante tal circunstancia, Competencia realiza una estimación del volumen de negocios del Colegio partiendo de diferentes parámetros como el gasto medio de los hogares alaveses en dentista para poder ponderar el volumen de negocios de los afectados por la conducta sancionada.

Dado que el Colegio carece de ese dinero, «y nosotros no somos una empresa que pueda cerrar», hoy mismo se reunirán para estudiar «si pedir un crédito» para afrontar el pago de la sanción.

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