El Correo

El piso fantasma de la calle Chiquita

Los problemas comenzaron en 2007, cuando derribaron el edificio para reconstruirlo.
Los problemas comenzaron en 2007, cuando derribaron el edificio para reconstruirlo. / Rafa Gutiérrez
  • El Ayuntamiento de Vitoria pierde los documentos sobre una obra de 140.000 euros en un inmueble y los vecinos tienen que pagar los tributos

Una comunidad de vecinos de la calle Chiquita lleva varios años viviendo una auténtica pesadilla. Desde que decidieron derribar el viejo edificio donde residían para reconstruirlo, en 2007, uno de los pisos tiene un dueño ‘fantasma’. Nadie sabe quién es. Porque el propietario original justificó que no tenía dinero suficiente para hacer frente al gasto cuando arrancó la obra y alcanzó un acuerdo de carácter particular con la Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (Arich) para sufragar cerca de 140.000 euros, pero él no volvió cuando el resto los inquilinos regresaron a esta vía situada en la trasera de la Catedral Santa María.

El Ayuntamiento había realojado a este hombre mayor en una nueva vivienda y hasta que la Arich bajó la persiana en 2012 –tras un ‘cambio de cromos’ entre el Gabinete Maroto y EH Bildu– estuvo pagando las facturas correspondientes. Desde entonces, y ante la inacción de las autoridades municipales, la comunidad tuvo que hacer frente a los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras, lo que ha supuesto un desembolso superior a 4.000 euros. «Esto nos ha obligado a realizar una importantísima subida en la cuota de comunidad», relata a EL CORREO el presidente de este portal de la calle Chiquita.

Esta situación no sólo les ha provocado un importante perjuicio económico, ya que ni siquiera han podido realizar la declaración de obra nueva y se mantienen las escrituras del antiguo edificio lo que puede provocar importantes problemas en la venta o en caso de herencia.

Por todo esto, los propietarios del resto de inmuebles de la comunidad acudieron a las oficinas de la sociedad municipal Ensanche 21 –que heredó las competencias de la Arich– para descubrir quién es el propietario del piso ‘fantasma’ y quién tiene que pagar las cuotas y los impuestos. Sin embargo, la respuesta fue aún más desesperante. No existe «el más mínimo soporte documental» ni en los archivos de ‘Gure Txokoa’ –sede de Ensanche– ni en el Consistorio de la capital alavesa. «No puede ser que haya unos pagos importantes (más de 140.000 euros) y que no haya ninguna constancia administrativa», lamenta el presidente de la comunidad, quien ha recurrido al Síndico para buscar una solución a esta complicada situación.

Se ignora el paradero

Martín Gartziandia, el Defensor del Vecino, ha denunciado esta situación y ha solicitado a los responsables municipales que aporten la información sobre «a quién habría que corresponder en la actualidad la titularidad sobre esta vivienda y, por ende, a quién correspondería el abono de los impuestos y tasas (...) En caso de que se ignore el paradero de la documentación que hubiera dado soporte a esta operación, que se hagan las indagaciones pertinentes, por quien correspondan, con el fin de clarificar estos aspectos».

La comunidad, por su parte, ha decidido poner este asunto en manos de un abogado. «Pero lo que pasa es que no podemos denunciar a nadie, porque no sabemos contra quién nos podemos querellar. Le hemos requerido al juzgado la titularidad del inmueble y, además, hemos presentado una reclamación ante el Ayuntamiento y Ensanche», explica desesperado el portavoz de los vecinos.

Una comunidad de vecinos de la calle Chiquita lleva varios años viviendo una auténtica pesadilla. Desde que decidieron derribar el viejo edificio donde residían para reconstruirlo, en 2007, uno de los pisos tiene un dueño ‘fantasma’. Nadie sabe quién es. Porque el propietario original justificó que no tenía dinero suficiente para hacer frente al gasto cuando arrancó la obra y alcanzó un acuerdo de carácter particular con la Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (Arich) para sufragar cerca de 140.000 euros, pero él no volvió cuando el resto los inquilinos regresaron a esta vía situada en la trasera de la Catedral Santa María.

El Ayuntamiento había realojado a este hombre mayor en una nueva vivienda y hasta que la Arich bajó la persiana en 2012 –tras un ‘cambio de cromos’ entre el Gabinete Maroto y EH Bildu– estuvo pagando las facturas correspondientes. Desde entonces, y ante la inacción de las autoridades municipales, la comunidad tuvo que hacer frente a los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras, lo que ha supuesto un desembolso superior a 4.000 euros. «Esto nos ha obligado a realizar una importantísima subida en la cuota de comunidad», relata a EL CORREO el presidente de este portal de la calle Chiquita.

Esta situación no sólo les ha provocado un importante perjuicio económico, ya que ni siquiera han podido realizar la declaración de obra nueva y se mantienen las escrituras del antiguo edificio lo que puede provocar importantes problemas en la venta o en caso de herencia.

Se ignora el paradero

Por todo esto, los propietarios del resto de inmuebles de la comunidad acudieron a las oficinas de la sociedad municipal Ensanche 21 –que heredó las competencias de la Arich– para descubrir quién es el propietario del piso ‘fantasma’ y quién tiene que pagar las cuotas y los impuestos. Sin embargo, la respuesta fue aún más desesperante. No existe «el más mínimo soporte documental» ni en los archivos de ‘Gure Txokoa’ –sede de Ensanche– ni en el Consistorio de la capital alavesa. «No puede ser que haya unos pagos importantes (más de 140.000 euros) y que no haya ninguna constancia administrativa», lamenta el presidente de la comunidad, quien ha recurrido al Síndico para buscar una solución a esta complicada situación.

Martín Gartziandia, el Defensor del Vecino, ha denunciado esta situación y ha solicitado a los responsables municipales que aporten la información sobre «a quién habría que corresponder en la actualidad la titularidad sobre esta vivienda y, por ende, a quién correspondería el abono de los impuestos y tasas (...) En caso de que se ignore el paradero de la documentación que hubiera dado soporte a esta operación, que se hagan las indagaciones pertinentes, por quien correspondan, con el fin de clarificar estos aspectos».

La comunidad, por su parte, ha decidido poner este asunto en manos de un abogado. «Pero lo que pasa es que no podemos denunciar a nadie, porque no sabemos contra quién nos podemos querellar. Le hemos requerido al juzgado la titularidad del inmueble y, además, hemos presentado una reclamación ante el Ayuntamiento y Ensanche», explica desesperado el portavoz de los vecinos.

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