El Correo

‘Los pichis’: «Si nos dan un piso, nos vamos»

Fede García, de SOS Racismo Araba, junto al cabeza de familia de ‘los pichis’ de Abetxuko, Pedro Mari Manzanares.
Fede García, de SOS Racismo Araba, junto al cabeza de familia de ‘los pichis’ de Abetxuko, Pedro Mari Manzanares. / Rafa Gutiérrez
  • SOS Racismo reclama el fin de los «escraches» a la familia Manzanares-Cortés, que pretende ser escuchada en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco

«Están ocupando esa vivienda en tanto se encuentre una solución mejor, pero no se irán antes de que esa solución se materialice y no antes de que el Ayuntamiento cumpla con la obligación legal de empadronarles en ese lugar». Así sintetizó Fede García, cabeza visible de la asociación SOS Racismo Araba, la situación que protagoniza la familia Manzanares-Cortés, a quienes se vincula con el controvertido clan bilbaíno de ‘los pichis’, en relación con la casa que asaltaron sin autorización de sus propietarios el pasado mes de agosto en el número 54 de la calle El Cristo, en Abetxuko y que ha puesto al barrio en pie de guerra. Solo se irán si tienen acceso a una vivienda pública «de las muchas que el Ayuntamiento tiene vacías».

La idea, refrendada por el propio Pedro Mari Manzanares durante una comparecencia pública, se ha convertido en la demanda sustancial de un matrimonio y sus dos hijas menores que la pasada semana, de la mano de la misma asociación, tramitó formalmente la solicitud de empadronamiento en Vitoria. SOS Racismo Araba y otros colectivos del entorno de Fede García, como su partido político Ongi Etorri, arroparon a Manzanares -del que se dijo tiene «una minusvalía del 82%»-, en su petición, pero también en la denuncia de las amenazas «de muerte» que dice haber sufrido.

Se puso el foco especialmente en las que han dejado huella en redes sociales y sobre las que se ha presentado ya petición formal de investigación ante la Fiscalía por si fueran constitutivas de «un delito de odio». El cabeza de familia ha cursado también solicitud para comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento vasco. Buscaría, según su versión, «amparo».

«Si hubiera sido de algún clan o mafia el tema ya estaría más que solucionado», mantuvo de forma enigmática Manzanares antes de negar la mayor sobre denuncias vecinales de nuevos intentos de ocupación. El representante de la familia gitana aseveró que vive «con miedo» y que nunca habría esperado encontrarse con «tanta inseguridad y racismo». «Yo y mi familia queremos vivir tranquilos y en paz; no quiero guerras. Que se deje a los juzgados -el número 1 fue elegido el lunes para decidir sobre su desalojo- que den la razón al que consideren», dijo, sobre su presencia en una casa que no es suya.

Seis residentes

En la vivienda -que legítimamente pertenece a Arantza, una mujer de 54 años que ahora vive en una habitación cedida por una vecina- estarían residiendo el matrimonio, dos menores (de 6 y 2 años) y otra hija de 23 años embarazada, con su pareja. «Otro hijo con su compañera se ha tenido que ir a Bilbao», precisaron. Junto a Pedro Mari Manzanares un vecino de Abetxuko, Luis Carmona, también denunció estar sufriendo amenazas por lo que definió como «condición de disidente» y por su apoyo a la familia gitana, en contraposición con las masivas movilizaciones impulsadas por la Asociación de Vecinos Uribe-Nogales, que ha llegado a reunir a dos mil personas para reclamar el desalojo. Carmona incidió en que «coincidimos con que esta familia tiene que salir de la casa y solicitamos a la asociación vecinal y al párroco de Abetxuko que se solidaricen con esa alternativa habitacional». Esa nueva casa que ofrezca condiciones porque, puntualizaron, la que ocuparon no las tiene: «Es una infravivienda, si nos dan un piso nos vamos».

En relación con el proceso de empadronamiento, que han iniciado, los colectivos que apoyan a la familia gitana sostienen que el Ararteko «se ha comprometido» a abogar por que se formalice la inscripción en Vitoria. Y subrayaron: «El empadronamiento no tiene que ver con la propiedad».

SOS Racismo Araba pidió poner fin a las movilizaciones vecinales -calificadas por Fede García de «escraches»- y, al mismo tiempo que defendió la ocupación de la casa, expresó su «solidaridad» con Arantza, la propietaria. «Quisiéramos que su recuperación fuera inmediata y peleamos contra viento y marea para que la casa vuelva a estar a su disposición» . Desde Uribe-Nogales, su portavoz, Orkar González, planteó que «podemos ayudar para que se busque una salida digna» a los ‘pichis’ de Abetxuko, pero «no en este barrio». Otra cosa bien distinta es ofrecerles cobertura en su petición de una vivienda social como alternativa, matizó.

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