La Policía Local de Vitoria, «obligada» a participar en los desahucios

A mediados de septiembre, EH Bildu, Podemos e Irabazi criticaron que la Guardia urbana participase en el desalojo de una mujer y sus dos hijos en Zabalgana porque todos los grupos municipales salvo el PP aprobaron hace un año una moción que indicaba que «el Ayuntamiento, ante la comunicación de un desahucio, mediará con la entidad financiera o administrativa para frenar el desahucio, evitando, en su caso, que la Policía Local acuda junto a la comisión judicial, y estudiando la vulnerabilidad de las personas afectadas y una solución adecuada y justa». En día 4, los agentes municipales volvieron a intervenir en otro lanzamiento.

Vista la polémica, López de Munain solicitó que los servicios jurídicos fijasen una postura sobre el tema. El texto al que ha tenido acceso este periódico recuerda que la Constitución determina que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y los tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución del resultado». De hecho, el Código Penal contempla multas de «tres a doce meses» y «suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años» para los funcionarios que no presten «el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público».