El Correo

Desahucian a una madre con dos niños de su piso de alquiler en Zabalgana

La Policía Local controla el portal de la vivienda desde primera hora
La Policía Local controla el portal de la vivienda desde primera hora / Igor Aizpuru
  • El desalojo se ha realizado sin incidentes y con un amplio dispositivo policial, mientras Kaleratzeak Stop ha denunciado que los Juzgados no han activado el protocolo social

Tres furgonetas de la unidad antidisturbios de la Ertzaintza y dos vehículos de la Policía Local han montado guardia este lunes en la acera de la Avenida de Iruña-Veleia, en Zabalgana, mientras varios agentes de ambos cuerpos vigilaban el cordón policial levantado frente a uno de los portales. Tanto ellos como las decenas de simpatizantes de la plataforma Kaleratzeak Stop y varios representantes políticos aguardaban la llegada de la comitiva judicial encargada de desahuciar a Sandra y sus dos hijos, menores de edad, del piso de VPO en el que esta madre separada vivía de alquiler. Una situación que recordaba al desalojo de hace sólo unas semanas en la cercana Avenida de Zabalgana, donde Anastasia y sus pequeños fueron expulsados de un bloque de alquiler social.

El miedo a que se repitieran los momentos de tensión de aquella jornada, en la que los policías se vieron obligados a desmontar la barrera humana de más de treinta personas que les impedía entrar en el portal, ha hecho que los agentes hayan desplegado un perímetro al que nadie pudiera acceder. Pero desde la plataforma antidesahucios han asegurado que no iban a presentar resistencia, dado que se trataba de un litigio entre particulares. «Sólo estamos aquí para denunciar que, aunque hay un acuerdo firmado con el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, los Juzgados han ordenado el desalojo sin garantizar que hubiese una alternativa de alojamiento», han censurado sus integrantes.

Y es que ese protocolo dicta que en casos de desahucio debe haber un aviso a los servicios sociales para impedir que la familia se quede en la calle, «más si hay menores implicados», pero en este caso ha sido Sandra la que ha tenido que contactar con las oficinas municipales para lograr ser acogida en un recurso social. De ahí que Kaleratzeak Stop estuviera presente, pese a no haber pedido permiso para concentrarse. Porque cuando se trata de un litigio entre particulares, este colectivo sólo media en la búsqueda de un nuevo alojamiento. «No sabemos cuál es la situación de la otra parte», han justificado.

«Estafa» en el alquiler

Lo que sí han intentado es aplazar dos meses el desahucio, ya que en diciembre esta mujer recibiría las llaves de un nuevo piso. «Pero no ha habido manera, los propietarios quieren vender ya el piso», han explicado. El argumento de que Sandra adeudaba varios impagos ha allanado el camino a su desalojo, que se ha hecho efectivo sobre las 11.30 horas, aunque ella también ha denunciado a los propietarios por estafa. Y es que una vivienda de protección oficial sólo puede ser alquilada con autorización y un precio marcado por Etxebide, en este caso de poco más de 300 euros. «Pero ella asegura que le estaban cobrando más de 500», han alertado desde la plataforma. El único conflicto lo ha originado la negativa de los agentes a que subieran a ayudar a la mujer a recoger sus cosas, aunque al final han dejado acceder a dos personas a la vivienda.

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