El Correo

Los delitos informáticos se disparan y la Fiscalía ya registra casi 900 al año

Un ertzaina perteneciente a la unidad especializada en delitos informáticos.
Un ertzaina perteneciente a la unidad especializada en delitos informáticos. / Luis Calabor
  • El fiscal jefe Izaguirre aboga por «reforzar» las unidades policiales especializadas para combatir este nuevo tipo de delincuencia

Un desconocido le responde a su anuncio de venta de su piso colgado en internet. En su correo electrónico, este sujeto se presenta como «veterano de guerra» y que esconde «8,2 millones de euros» en Afganistán, donde sirvió. Si el vendedor de la vivienda le ayuda a sacar ese dinero, pagará a tocateja el precio de la propiedad. Pero claro, para eso necesita un adelanto económico que promete devolver en breve. Éste es uno de los muchos timos que circulan por la red y que ha llegado a muchos alaveses. Algunos han picado. «Más de los que pensamos», comparten agentes de diferentes cuerpos policiales.

Esa sensación coincide con el último análisis de la Fiscalía Provincial de Álava. Según su memoria de actividad, correspondiente al año 2015, los delitos informáticos se dispararon «en más de un 1.000%». Esta oficina judicial abrió casi 900 diligencias por alguna ilegalidad practicada en el campo virtual.

Al fiscal jefe, Josu Izaguirre, le gusta decir que «son delitos cometidos por medios informáticos». Su reflexión se refiere a que «antes, por poner un ejemplo claro, la estafa estrella era el tocomocho y ahora te vacían la cuenta sin tener contacto físico alguno». Su equipo bregó a lo largo del año pasado con casos de acoso en la red (denominado ‘ciberbullyng’) o de envío de imágenes de alto contenido sexual a través de redes sociales y móviles (el terrible y cobarde ‘sexting’).

Estas prácticas ilícitas experimentan en la actualidad «una gran importancia cualitativa y cuantitativa», advierte Izaguirre. Son delitos que «requieren muchos medios materiales y humanos» para combatirlos. Porque el delincuente puede actuar desde otra provincia o incluso desde otro país. En este sentido, la Policía Nacional y la Guardia Civil han destapado redes mafiosas establecidas en lugares tan alejados como Europa del Este.

De ahí que Izaguirre manifieste que «tenemos que adaptarnos todos a este nuevo tipo de delincuencia». También lanza este ruego a la Policía autonómica, la Ertzaintza, para que «refuerce sus unidades especializadas». Según sus últimos datos, este cuerpo sólo cuenta con «once agentes» para cubrir toda la comunidad autónoma. Esta plantilla se ha quedado corta a todas luces. El estudio de un disco duro de ordenador, por ejemplo, puede retrasarse meses.

La radiografía de la delincuencia en Álava, siempre desde los datos oficiales de la Fiscalía, refleja descensos en los principales tipos delictivos. En 2015, los robos con fuerza cayeron un 42%, los cometidos en casas habitadas y establecimientos públicos un sorprendente 72 %, por un 54% en los robos con violencia e intimidación.

Estas cifras extrañan al equipo fiscal. Así lo recoge la memoria. «Dada la magnitud de las variaciones y el hecho de que rompe la tendencia ascendente recogida en anteriores memorias, puede resultar prematuro aventurar alguna hipótesis sobre las causas del cambio de tendencia tan acusado, por lo que consideramos necesario esperar a futuros ejercicios para poder constatar si nos encontramos con una tendencia que perdurará o si, por el contrario, se trata de una mera inflexión puntual».

Fraude en las ayudas sociales

La Fiscalía alavesa detectó a su vez «un aumento de procesos por delitos contra la Seguridad Social». Se refiere a la presunta actividad ilícita a manos de «grupos organizados» que crean «redes de empresas ficticias con el fin de que personas, normalmente de origen extranjero y en situación irregular, puedan acceder fraudulentamente a permisos de residencia o prestaciones».

También aparece en este estudio Lanbide y las famosas ayudas sociales de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). «Se han incoado diversos procedimientos por cobro indebido que, normalmente, se llevan a cabo por parte de organizaciones criminales que proporcionan documentación falsa a cambio de una parte de las prestaciones obtenidas».

A principios del año pasado, la Ertzaintza desmontó una trama, formada por paquistaníes, que estafó más de 395.000 euros anuales al Servicio Vasco de Empleo con esta práctica. Hubo seis detenidos. A su vez, la Policía Nacional hizo lo mismo con otra red, ésta integrada por argelinos, que se llevó «un mínimo» de 425.000 euros al año. En este caso se produjeron más de cincuenta arrestos de manera escalonada. Varios ya han sido condenados.

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