El Correo

El Tribunal de Cuentas no estudiará el recurso del 'caso San Antonio' hasta 2017

Oficinas municipales de la calle San Antonio, origen del caso que afecta a Alfonso Alonso y Javier Maroto.
Oficinas municipales de la calle San Antonio, origen del caso que afecta a Alfonso Alonso y Javier Maroto. / BLANCA CASTILLO
  • Una terna de consejeros estudiará el primer trimestre del próximo año el recurso del PP y las alegaciones de PNV-PSE en el caso contra Alonso y Maroto

Nuevo retraso. El Tribunal de Cuentas del Estado no se pronunciará hasta el primer trimestre de 2017 sobre el recurso presentado por el PP contra el fallo que obliga a Alfonso Alonso, presidente de la formaciónen Euskadi, y los ocho concejales que componían el Gobierno municipal en 2007 –entre los que se incluía el exalcalde Javier Maroto– a pagar 393.862,31 euros por suscribir un polémico contrato de alquiler con el empresario Gonzalo Antón por un local en la calle San Antonio de Vitoria. Entonces, el órgano fiscalizador también estudiará las alegaciones presentadas por los grupos municipales del PNV y PSE sobre el recurso de los populares.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Tribunal explican que se tarda aproximadamente once meses entre la sentencia inicial y el posterior estudio de los recursos. Así, habrán pasado diez años entre el arrendamiento y la siguiente sentencia. Porque, entre otras cosas, hay que constituir una terna de magistrados para que estudie los escritos presentados por PP y, por otra parte, PNV y PSE. Por norma general, entre esos tres consejeros de cuentas –como se les llama de forma técnica– no se encontrará la jurista que en mayo dictó la sentencia, María Antonia Lozano Álvarez, cuya independencia pusieron en duda los populares por haber sido nombrada a petición del ex coordinador federal de IU, Cayo Lara.

En su sustitución, eso sí, podría incluirse algún otro componente del órgano fiscalizador, entre los que se incluye Margarita Mariscal de Gante, antigua ministra de Justicia; Lluis Armet, teniente de alcalde de Barcelona con el PSC, y Manuel Aznar López, hermano mayor del expresidente del Gobierno.

«Aparente perjuicio»

La sentencia consideró que el Gabinete Alonso no tuvo en cuenta un informe elaborado por la Unidad Técnica de Valoración del Departamento municipal de Urbanismo previo al acuerdo con Antón. Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros por el alquiler, pero –en cambio– se suscribió con el expresidente del Deportivo Alavés una de 12.000 euros más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de una cláusula de blindaje por 20 años. Diferencias en «aparente perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento» que, «o se sustentan en justificaciones suficientes y adecuadas o constituyen un alcance en los fondos públicos», según apunta el dictamen, que además les reclama 2.400 euros por el «abono injustificado de los gastos de comunidad» que la magistrada considera que tenía que sufragar el arrendador.

Lozano Álvarez sostiene que se establecieron estipulaciones que permitieron que la sociedad Sbayre, propiedad de Antón, consiguiera una rentabilidad «lo más parecida a la que pretendió en su primera oferta» (más de seis millones) antes de la negociación con Alonso.