La Policía Local pone fin al saqueo en el bloque abandonado de Salburua

Tras recibir el plácet judicial, efectivos del GPA, unidad comodín de la Policía Local, accedieron al interior de este edificio de una planta a las ocho de la mañana. Buscaban a posibles moradores y a ladrones. Accedieron en grupo y protegidos hasta con escudos.

La precaución estaba justificada. El edificio se diseñó como sede de dieciocho apartamentos tutelados que nunca conocieron moradores legales al quebrar antes la constructora. Hace más de un año pasó a manos de unos administradores concursales y, durante este limbo, lo han desvalijado en «infinidad de ocasiones», según medios policiales.

Prueba de ello es que la Guardia urbana ya imputó en otoño a un hombre, de origen africano. Este caso se halla en fase de instrucción en el Palacio de Justicia. Le acusan de arramplar con género valorado en «unos 20.000 euros». Sin embargo, supuestamente obtuvo unas pírricas ganancias por lo robado, radiadores nuevecitos que supuestamente sacó a pulso del inmueble. «No le dieron ni 500 euros» en una chatarrería sin escrúpulos.

Pese a que la propiedad ya estaba tapiada, los vecinos se quejaban de que ladrones y okupas trepaban al primer piso, entraban por alguna ventana o por cualquier hueco y luego salían por el garaje, que está abierto ya que lo usan vecinos de un bloque colindante. Estos moradores ilegales -mendigos en su mayoría- coincidían de vez en cuando con cuadrillas de botellón sabatino. Y en este clima, las visitas de los uniformados se producían «regularmente».

Un hombre dentro

En primavera, una delegación del equipo de gobierno estuvo en el edificio a petición de los vecinos de la zona. A partir de ahí se activó un trabajo en la sombra para reconducir la situación. Según ha sabido este periódico, el Gabinete Urtaran contactó con los dueños legales, unos administradores concursales con sede en Burgos. Les conminó a poner el asunto en conocimiento del juzgado. «Cuanto más saquean una propiedad, menos dinero se saca luego en los concursos y menos reciben los acreedores y los antiguos trabajadores de las firmas en quiebra», recuerda un consultor vitoriano experto en estos procesos.

La orden judicial llegó hace unos días. Vía libre al desalojo policial. Mucho antes ya se había alertado de la coyuntura a servicios municipales como Salud Pública (antiguo Demsac), Espacio Público o bomberos.

Ayer, el operativo arrancó a las ocho en punto. Los agentes, pertrechados con su material de asalto, accedieron al interior. Localizaron a un hombre, de origen magrebí, quien fue conminado a dejar el edificio.

No había nadie más. Pero los policías se encontraron con un espectáculo dantesco, comprobado también por la comitiva del servicio común de notificaciones y embargos. Basura por todos los rincones; restos de hogueras; y radiadores, grifería y cableado arrancados.

Éste es uno de los escasísimos ejemplos de saqueo en el casco urbano vitoriano. «Lo normal es que ocurra en naves industriales de empresas que cerraron», deslizan fuentes policiales. Pero lo peor fue una habitación sembrada de heces y orines. De inmediato arrancarán los trabajos de albañilería para tapiar cualquier acceso al interior del bloque.