El Correo

La jueza del caso de los abusos sexuales en colegios de Vitoria prorroga un año la investigación

El padre que puso la primera denuncia juega con su hija en un parque de Vitoria.
El padre que puso la primera denuncia juega con su hija en un parque de Vitoria. / Roberto Arnaiz
  • Aún no se ha tomado declaración al maestro, al que se le retiró de su puesto en octubre, ni a los técnicos del Servicio de Infancia que trataron a los niños

La investigación judicial del caso de presuntos abusos sexuales a cinco niñas y niños menores de cuatro años en distintos colegios de Vitoria avanza a un ritmo más lento que el deseado por las familias denunciantes, pese a que el tiempo apremiaba. El plazo legal para instruir la causa acababa el 6 de junio. Era la fecha fijada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por primera vez, clasifica y pone límites a la investigación de los procedimientos en función de sus características.

Para ese día, todas las causas penales abiertas en España debían estar clasificadas en simples y complejas; medida obligatoria para evitar que se vieran abocadas a su archivo. Antes de que venciera ese plazo legal, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria, que investiga desde hace meses las denuncias contra un profesor de Educación Infantil, decidió prorrogar la instrucción y ampliarla un año como máximo para concluir las investigaciones, tal y como solicitó la Fiscalía.

En este caso, la jueza ha declarado la causa «compleja» y ha fijado un nuevo plazo de instrucción que tiene como fecha límite el 6 de junio de 2017. En consecuencia, la Justicia cuenta ahora con un máximo de doce meses para intentar esclarecer los presuntos abusos sexuales a menores. Una prórroga que, a todas luces, era necesaria, ya que el profesor investigado todavía no ha prestado declaración en el juzgado.

El 23 de octubre de 2015, una vez que el caso salió a la luz, el Departamento de Educación apartó de las aulas al maestro sustituto investigado. Le retiró de su puesto «de forma temporal» mientras se llevan a cabo las indagaciones, ya que el docente no está imputado. La suspensión se produjo un año después de que la Fiscalía iniciara las pesquisas y de que la consejería de Cristina Uriarte fuera informada tanto por el Ministerio público como por el Ayuntamiento de Vitoria de la existencia de las sospechas de abusos relacionados con el mismo docente.

Secretaría de Estado

Además, en junio de 2015, la Secretaría de Estado de Educación remitió una carta al Departamento de Educación en la que se hacía eco de las quejas formuladas por la primera familia que denunció los supuestos abusos a raíz del trato recibido en instancias educativas y el Ararteko. En el escrito, los padres pedían que, dado que se había reabierto el caso, se adoptaran «medidas» para que la consejería colaborara con la Justicia.

Las investigaciones se remontan al curso 2012-2013, cuando el padre de una niña de 3 años denunció que la pequeña podría haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un profesor cuando cursaba primero de Infantil en un centro público de Vitoria. Él denunció al maestro, pero su causa se archivó al no haber indicios suficientes. En el curso 2014-2015, otras cuatro familias lograron que se abriera una nueva investigación. Para ello, contaron con un informe del Servicio de Infancia del Consistorio, donde se concluía «que todos los indicios» apuntaban a que los hechos parecían ser reales.

Esos técnicos tampoco han prestado declaración para refrendar ante la jueza sus conclusiones, tal y como pidió en enero la acusación, ejercida por José Miguel Fernández, letrado de la Asociación Clara Campoamor, que solicitó que comparecieran los directores de los centros donde estudiaron las víctimas. Esas cuestiones están pendientes. Hasta ahora se han practicado pruebas periciales sobre el material informático requisado al maestro y se ha pedido un informe sobre alguna de las víctimas.