La familia de Kepa Galdos, muerto por amianto, habla en el pleno de Llodio pero sin debatir la moción

Andoitz Galdós insistió en que «lo que nos gustaría es debatir nuestra moción porque nos duele que se nos quieran silenciar», aunque aseguró que «aceptaremos gustosos la de la junta de portavoces» porque «la comunicación ha sido muy deficiente y desde una prometedora reunión en agosto de 2013 en la que se nos trató exquisitamente hasta abril de este año, no ha habido contacto alguno». El proceso administrativo «se ha alargado deliberadamente usando argucias legales pero poco humanas, porque podríamos haber acudido antes a la vía judicial». Pidió que «el Ayuntamiento reconozca su responsabilidad» y añadió que «nos gustaría una rectificación pública» dirigiéndose al concejal de Personal, Íñigo Martínez, cuando le interpeló acerca de si tienen previsto recurrir las sentencias judiciales a partir de ahora y si la calidad de la tarea de un empleado o la cantidad de bajas que coge influyen en el desarrollo de esta enfermedad.

Por su parte, el sindicato LAB recordó que los operarios de la brigada municipal de obras «efectuaron trabajos de manipulación y corte de materiales con amianto» hasta mediados de los 90 «sin información suficiente ni medidas preventivas». LAB, como la familia, solicita que el Ayuntamiento «reconozca su responsabilidad» y pide a los partidos «un compromiso real para erradicar el amianto y que no se utilice para atacar al contrincante político».

«Ataques sistemáticos»

La portavoz del PSE, Txaro Sarasúa, insistió en que «el alcalde, que tiene competencias para definir el orden del día del pleno, decidió vetar la moción de la familia». Álvaro Barrios, de Omnia, lamentó «los ataques sistemáticos a los que nos hemos visto sometidos, pese a que nuestra intención no ha sido hacer público este tema» y lamentó que «no se haya preguntado a la familia». El PNV animó a la familia a intervenir en el pleno, pero secundó al equipo de gobierno para realizar el debate a puerta cerrada.

El concejal de Personal, Iñigo Martínez, negó la mayor al asegurar que «no compartimos los términos que hablan de censura, veto y de coartar la libertad de expresión» y aseguró que «cambiar de foro y llevarlo a la junta de portavoces en lugar del pleno no implica que se niegue el debate».