El Pleno pide que Vitoria rescinda el contrato de alquiler de los locales de San Antonio

La moción ha salido adelante con los votos a favor de EH Bildu, Podemos e Irabazi. En contra se han mostrado los concejales del PP y la abstención del equipo de Gobierno: PNV y PSE. El resultado podría haber variado en el caso de estar presentes todos los concejales populares en la votación, ya que Maroto se ha ausentado momentaneamente durante la toma de postura. El PP ha explicado que se ha debido a «motivos médicos». También faltaba otra concejala que no está en Vitoria. De haberse opuesto ambos, se habría registrado un empate que debería haber resuelto el alcalde, Gorka Urtaran.

No vinculante

La moción, que no es vinculante, se ha aprobado dos semanas después de que el Tribunal de Cuentas del Estado condenara a Alonso, Maroto y al resto de concejales del PP que formaban parte del Gobierno municipal de Vitoria que firmó, en 2007, un contrato de alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El Tribunal de Cuentas considera que aquel contrato causó un perjuicio de 393.000 euros al erario público por haberse firmado a un precio considerado muy superior al de mercado, por lo que reclama a los condenados el pago de esa cantidad como reintegro al Ayuntamiento.

La moción aprobada este viernes propone iniciar un expediente de anulación de dicho contrato -que sigue vigente- al "amparo" de la sentencia del órgano fiscalizador y de las conclusiones de la comisión de investigación constituida en su día en el Ayuntamiento en torno a este asunto.

«Prudencia»

Desde el Gobierno municipal, integrado por el PNV y PSE, se ha explicado que la decisión de ambos grupos de abstenerse en la votación se debe a que el Ejecutivo aún está a la espera de recibir un informe sobre la viabilidad de anular o no este contrato.

Las mismas fuentes indican que si el informe certifica que es posible suspender el contrato, esto se haría «al día siguiente». No obstante, han explicado que hasta entonces, por «prudencia» y por el principio de «seguridad jurídica», no consideran conveniente iniciar un expediente de anulación del contrato.

Según han explicado, de esa forma se pretende evitar que una eventual anulación del contrato sin sustento jurídico suficiente fuera recurrida por el empresario afectado y, finalmente, el Ayuntamiento tuviera que ofrecerle una indemnización.