El Correo

Grupos sociales pedirán una auditoría de los geriátricos de Lakua y Abetxuko

  • Una plataforma ciudadana pide a la institución foral que reabra la residencia de Arana

Representantes de la Iniciativa Social por la Apertura del Geriátrico de Arana, integrada por colectivos vecinales, sociales y sindicatos, anunciaron ayer que solicitarán la próxima semana al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que haga una auditoría a la Diputación de Álava y a las empresas encargadas en su día por la institución foral de la ejecución de «las obras para construir el psicogeriátrico de Lakua y el geriátrico de Abetxuko-Zadorra, así como los contratos de mantenimiento de ambos equipamientos», enfatizó su portavoz Guillermo Perea.

Las firmas que construyeron los dos edificios se encargan también de mantenerlos a través de una fórmula público-privada. En el caso del psicogeriátrico de Lakua, inaugurado en enero de 2011, la constructora se hará cargo de su mantenimiento durante 40 años, «con un pago anual de la Diputación a la empresa de 765.000 euros, más IVA, más el 30% de IPC anual», detallaron. Mientras, la concesión para el geriátrico de Abetxuko se extiende durante 37,5 años, con un pago anual de la institución foral a las empresas que asciende a 1,79 millones de euros, a los que habría que sumar el IVA y el mismo porcentaje del IPC anual, según subrayaron.

Reapertura de Arana

Según la plataforma ciudadana, la institución foral «no puede alegar de forma tramposa que este modelo es público-privado para evitar que la institución se endeude a corto plazo para pagar a tocateja grandes infraestructuras, porque así tiene un mayor margen de maniobra presupuestaria; y una gran parte del riesgo se traslada a la constructora y no a la Diputación, que se limita a alquilar la infraestructura. Esos pagos supondrán mucho dinero. ¡Y luego nos dicen que reformar la residencia de Arana es muy caro», reprochó Perea.

A este respecto, volvieron a solicitar la apertura de la vieja clínica, cerrada desde 2014. Los colectivos se mostraron también muy críticos con el nuevo mapa de servicios sociales de Álava y lamentaron que en su elaboración «no se haya contado con la participación ciudadana ni sindical».

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