Alokabide desahucia a una familia de Abetxuko por "extinción de contrato"

Inmaculada, con sus hijos, mientras Fernando cierra la puerta. /
Inmaculada, con sus hijos, mientras Fernando cierra la puerta.

"Hace nueve años nos sacaron de la chabola y ahora nos dejan en la calle", se lamenta Fernando Santiago, cuya familia tuvo que salir ayer del piso de alquiler social donde residía

NURIA NUÑOVitoria

Fernando Santiago tenía ayer frescos los recuerdos de un pasado no tan lejano, cuando dormía casi al raso, bajo las estrellas, sin más protección que el techo de madera y plásticos desechables de una chabola junto al río, en Errekaleor. Allí llegó tras recorrer muchos kilómetros desde su Valencia natal y su posterior paso por Mallorca; hasta que hace 36 años se trasladó a la capital alavesa. Aquí conoció a su mujer, la vitoriana Inmaculada Jiménez y vinieron al mundo sus cuatro hijos.

Hace casi nueve años, se convirtieron en los últimos chabolistas en dejar «a la fuerza» su refugio de Errekaleor. Ellos y sus escasas pertenencias fueron a parar a uno de los pisos de alquiler social que Alokabide tiene en Abetxuko. Desde entonces esa casa ha sido su hogar. Lo fue hasta ayer cuando el matrimonio y dos de sus vástagos, los veinteañeros Fernando y José, fueron desahuciados «por extinción de contrato», según explicó a EL CORREO un portavoz de esta sociedad pública del Gobierno vasco que se encarga de gestionar ese tipo de viviendas.

Desde primera hora, la familia, arropada por una veintena de allegados, amigos y vecinos, recogió sus enseres personales para amontonarlos en la calle, guardarlos en el vehículo de algún familiar o bien depositarlos en los descansillos del inmueble, en el número 7 de la calle Arriagana. Allí reposaban, junto al ascensor, un par de colchones, un sofá y la silla de ruedas que, de vez en cuando, acompaña a Inmaculada, que padece artritis reumatoide. Sus hijos se ocuparon también de Frijolín y Somango, los dos perros de la familia, que recorrieron las cercanías del inmueble hasta la llegada de la comitiva judicial y de los cerrajeros que cambiaron la puerta de acceso al piso.

«Mal uso de un bien público»

La vida de esta familia ha estado condicionada desde que en marzo encontraron en el buzón la notificación de que Alokabide no les iba a renovar el contrato de alquiler. Su caso entraría dentro de lo que la plataforma Kaleratzeak Stop Araba ha calificado como «desahucios encubiertos», estrategia que, según el colectivo antidesahucio, llevaría a cabo la sociedad pública para «extinguir» los contratos de ciertos inquilinos.

La versión de Alokabide sostiene que «la ley fija un máximo de ocho años para disfrutar de ese tipo de pisos. Una vez transcurrido ese tiempo, es el propietario -el Gobierno vasco- quien tiene la potestad de renovar el contrato. En este caso, no se ha renovado al considerar que se ha hecho un mal uso de un bien público. Y porque en estos años se han recibido algunas quejas», argumentaron desde el Servicio de Vivienda.

Los afectados manifestaron, por su parte, que han pagado «todos sus recibos» y que «la convivencia con sus vecinos ha sido buena», subrayaron. «Sólo hubo un lío nada más llegar porque en una pelea al hijo pequeño, que era menor, le abrieron la ceja. Desde entonces no hemos tenido problemas», apuntó Fernando.

Éste recordó que, en estos últimos meses, han vivido pendientes de que se les informara de la fecha en la que debían entregar las llaves. Al final, fue su abogada de oficio quien el viernes les comunicó que el 28 de septiembre era el día en que tenían que dejar la vivienda. Ese aviso, que les pilló «de sopetón», les hizo revivir el tiempo en que su hogar era un chamizo. «Así vivimos quince años entre las campas de Lasarte y Errekaleor -evoca Fernando-. En su día nos dijeron que no podíamos vivir allí, que no era digno. Nos sacan de la chabola y ahora nos dejan en la calle. ¿Dónde nos metemos?», preguntó el patriarca, de 66 años. «Yo estoy enferma de los huesos y tampoco tenemos dinero para pagar un alquiler normal. Vivimos gracias a la RGI» apuntó Inmaculada, de 45 años.

Aunque la familia esperaba que la comitiva judicial llegara a las diez, ésta apareció a las once, acompañada de un amplio dispositivo policial formado por tres coches patrulla de la Policía Local, otros dos de la Ertzaintza y una furgoneta de la Policía vasca. Semejante despliegue sorprendió «por desproporcionado» a Fernando y a los suyos, que no opusieron resistencia, pese a lanzar algún reproche al grupo «por dejar en la calle a una familia», les gritaron. «Hemos dejado el piso abierto y sólo estamos esperando. Somos pacíficos, yo no quiero líos», dijo cariacontecido.

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