La venta de coches en la calle estará sujeta a autorización previa en Vitoria

Así pues, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfredo Iturricha, ha presentado este lunes al resto de grupos el proyecto de ordenanza reguladora de venta de coches, motos y ciclomotores en la vía pública. El articulado destaca que los particulares deberán pedir una autorización municipal para colocar el cartel de "se vende", que además deberán cumplir con tres condiciones. El vehículo no deberá figurar como dado de baja en Tráfico, el titular deberá estar al corriente del pago de los impuestos municipales y, en tercer lugar, el propietario tendrá que demostrar que el turismo tiene seguro y la ITV pasada. Cada particular solo podrá tener un único coche a la venta al mismo tiempo.

En el caso de que se reúnan estas condiciones, el Ayuntamiento sólo concederá una autorización gratuita de venta por cada titular, que tendrá una validez de tres meses prorrogables por otros tres. El articulado matiza también que «en ningún caso podrá ocuparse la vía pública ni circular por ella con una oferta de venta del vehículo sin la autorización». Este permiso deberá colocarse «en un lugar visible» dentro del propio vehículo para que puedan verlo los agentes municipales. Asimismo, el coche no podrá estar estacionado en el mismo lugar «más de 7 días consecutivos», con lo que los dueños deberán cambiarlo de sitio cada semana.

Multas hasta 3.000 euros

Otra de las cuestiones más sensibles de esta ordenanza es la relativa a las sanciones. En este sentido, habrá tres tipos. Las "leves" podrán alcanzar hasta los 750 euros; las tipificadas como "graves" -por ejemplo, vender un coche sin licencia, tenerla caducada o no exhibirla adecuadamente- irán de los 751 a los 1.500 euros; por último, las "muy graves" supondrán una multa de entre 1.501 y 3.000 euros y penalizarán a las personas que presenten una documentación falsa para conseguir la venta o la comisión de más de una infracción grave en un año.

El Ayuntamiento ha debatido durante dos legislaturas la necesidad de regular estas prácticas comerciales, que desbordan la paciencia de los propietarios de concesionarios de segunda mano y de los vecinos de las calles en las que se suelen acumular los coches en venta, como Bulevar de Euskal Herria, Zaramaga o Madrid. Los primeros denuncian que son víctimas de una «competencia desleal». Los segundos están hartos de que este mercado "pirata" cope las plazas de estacionamiento. De ahí que el Gabinete Lazcoz redactara una primera ordenanza que el PP retocó tras su llegada a la Alcaldía.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alfredo Iturricha, desgranó los objetivos que espera conseguir con esta ordenanza. El primero, dijo, es «evitar el intrusismo» en la venta de vehículos, lo que perjudica a los concesionarios «que cumplen las reglas». El Ayuntamiento también pretende evitar la ocupación de la vía pública «durante fechas prolongadas, lo que provoca las lógicas quejas de los vecinos, que están hartos de dar vueltas para aparcar». En tercer lugar, la normativa quiere «dar garantías al posible comprador, que a partir de ahora sabrá que cuando va a adquirir un vehículo éste tiene todos los papeles en regla. No habrá sustos de última hora ni tramitación adicional».

El edil explica que la ordenanza habrá funcionado cuando consiga tener «un efecto disuasorio» sobre el mercado ilegal. La cuantía de las multas, matiza, es elevada pero «no hay un afán recaudatorio», y para ello recuerda que no se cobrarán tasas por el permiso de venta. «Los que sí deberán rascarse el bolsillo serán quienes vulneren la ordenanza».

Iturricha recuerda que en ciudadades como Burgos, Murcia o Barcelona «hay ordenanzas similares, aunque no han partido del departamento de Seguridad Ciudadana, sino de otros relacionados con el espacio público o la venta ambulante». A partir de ahora, el texto planteado por el equipo de gobierno deberá ser debatido en comisión y en pleno, de manera que pueda contar con el máximo de aportaciones. Eso significa que, teniendo en cuenta el periodo vacacional, la ordenanza tardará varios meses en entrar en vigor.