El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido ceder al fiscal jefe de Álava, Iosu Izagirre, la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de informatización del Departamento de Justicia, durante el mandato de Joseba Azkarraga (EA). El responsable del Ministerio Público en Vitoria asume así un nuevo caso con ramificaciones en el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe. En sus manos tiene, en la actualidad, la instrucción del 'caso Tellería', sobre el presunto espionaje de miembros de la Ertzaintza a políticos alaveses, y el 'caso Miñano', sobre la supuesta trama de corrupción en torno al parque tecnológico del mismo nombre.
Calparsoro ha comunicado hoy esta decisión ya que en la nueva investigación, de momento, no hay ningún cargo aforado, lo que le hubiera llevado a asumir las pesquisas en primera persona. La instrucción pasa al fiscal de Álava porque el Gobierno vasco tiene allí su sede. Izagirre deberá decidir a partir de ahora -la documentación completa le será entregada mañana- si practica nuevas pruebas o traslada al juzgado los datos aportados por el Departamento de Justicia que ahora gobierna Idoia Mendia. La "detallada" investigación que se ha realizado en al consejería en los últimos tres años hace que no se descarte que el fiscal jefe pueda trasladar el caso directamente al juzgado.
El Gobierno vasco hizo público el pasado martes el descubrimiento de unas supuestas «graves irregularidades» en la contratación de diferentes servicios informáticos en el Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, cuando la consejería estaba en manos de Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna. El valor del presunto fraude, cuya documentación será remitida en breve a la Fiscalía, alcanzaría al menos los 23 millones de euros y estaría relacionado con una quincena de proyectos que, pese a estar pagados, no se han ejecutado en su totalidad o ni siquiera se han iniciado. Según consta en el escrito que remitirá el Ejecutivo al Ministerio Público, los pagos «solo fueron posibles» al contar con la firma de la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel. Entre las principales empresas beneficiarias estarían Ibermática e Indra, dos de las más potentes del sector tecnológico.
