por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados de la trama y sus abogados
El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el ‘caso Gürtel’ y sus abogados, han informado fuentes jurídicas. La decisión ha sido tomada por unanimidad y teniendo en cuenta la edad del magistrado, 57 años, prácticamente supone el fin de su carrera en España. El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.
El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, ha dado a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.
El auto destaca que la decisión de Garzón fue producto de una interpretación de la ley “basada solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal” de los acusados, “sin considerar necesario que tales indicios afectasen a los letrados” algo que “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.
La sentencia considera que la resolución del magistrado causó “una injustificada reducción del derecho de defensa”. Añade que estas prácticas colocaron a todo el “proceso penal español” a un nivel que solo “se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales”.
Garzón ingresó en la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años, desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010. Ese día Garzón bajó por última vez las escaleras de la AN con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de su juzgado, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.
Sin acusación de la Fiscalía
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el 'pinchazo' de las entrevistas entre presos y abogados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
