Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones con la Administración de Justicia entre 2000 y 2009, cuando según el Gobierno vasco se firmaron una quincena de contratos irregulares con un importe de más de 23 millones de euros, ha asegurado que ella no firmó contratos de adjudicación sino facturas.
De Miguel ha negado hoy ser responsable de las irregularidades denunciadas ayer por la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia. Mendia explicó que cuando el Departamento de Justicia estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA) se firmaron unos quince contratos con distintas empresas informáticas, ninguno de los cuales se ejecutó en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera se iniciaron, hechos que el Ejecutivo iba a poner en manos de la Fiscalía.
El informe elaborado por el Gobierno Vasco señala que quien firmó dichos contratos irregulares fue Inmaculada de Miguel, según han asegurado fuentes conocedoras de este dossier, algo que ella ha negado. "No se ajusta a la realidad que yo, como directora de Relaciones, firmara los contratos de adjudicación ya que ésa es una competencia asignada a otros niveles dentro de la Administración", ha asegurado De Miguel, quien explica en su comunicado que sí firmó las facturas que se gestaban en el servicio de Informática, así como otras sobre obras, suministros, euskaldunización o seguridad.
Además, afirma que en los expedientes de contratación se cumplieron todos los requisitos exigidos legalmente y que los trabajos encargados se ejecutaron "prácticamente en su totalidad, como productos entregados y pendientes de implantación, tarea cuya responsabilidad recaía en el Servicio de Informática Judicial del Departamento de Justicia". Ha matizado al respecto que la implantación de esos trabajos estaba "supeditada a las posibilidades reales del entorno, a la no paralización del funcionamiento normal de los órganos judiciales y a las reformas que se iban sucediendo" en el conjunto de España en la Administración de Justicia.
"Sin adscripción partidaria"
Inmaculada de Miguel asegura ser una persona "sin adscripción partidaria" y ha recordado que en sus 14 años al frente de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, desde 1995 a 2009, ha trabajado con consejeros de distintos partidos, tanto del PSE como de EA, quienes siempre "han sido respetuosos con los criterios y propuestas técnicas" que se les planteaban desde su Dirección, por lo que los hechos denunciados "carecen de dimensión política".
La exdirectora ha subrayado que pese a la "conmoción y la incomprensión" que le ha causado esta denuncia tiene "la conciencia muy tranquila" y ha criticado que pese al "largo periodo" que ha durado la investigación del Departamento de Justicia, dirigido ahora por los socialistas, no se le ha dado oportunidad de aportar información o explicaciones, por lo que sufre una "absoluta indefensión".
En su comunicado, recuerda el "reconocimiento" que ha logrado el Departamento de Justicia, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, por su tarea de modernización "en un tiempo récord" y ha pedido conocer "cuanto antes el contenido de la investigación" llevada a cabo para que pueda articular una explicación y reponer "el buen nombre y profesionalidad" de las personas que han trabajado en el área de Informática.
Azkarraga
Por su parte, el consejero vasco de Justicia con el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Joseba Azkarraga, se ha mostrado "plenamente convencido" de que el supuesto fraude de 23 millones de euros cometido en el Departamento de Justicia durante su gestión, denunciado ahora por el Ejecutivo de Patxi López, va a quedar "absolutamente en nada". En declaraciones a Onda Vasca, Azkarraga se ha mostrado "dolido" por estas acusaciones, por lo que ha enviado un escrito a la consejera de Justicia, Idoia Mendia, en el que le pide que "no solamente traslade esas supuestas irregularidades, sino que diga en qué se basa, que presente no solamente el informe que supuestamente su departamento ha realizado, sino que presente también las auditorías en las que se basa".
"A mí se me podrá acusar de ser mal gestor, de ser mal político, de lo que se quiera, pero yo no puedo admitir que haya la más mínima acusación, porque el trabajo que yo he desarrollado lo he hecho con máxima honradez y honestidad posible. Y eso es muy duro, es muy duro tener que explicar esto", ha añadido. En este sentido, ha indicado que si la Fiscalía decide que "aquí no hay ningún tipo de causa ¿quién rehabilita el nombre de las personas que estamos siendo el pim-pam-pum de toda esta historia?".
"No solamente estoy yo, está la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, que es una persona que ha ido firmando estos contratos en aras de la modernización de la Justicia. Esto es lo que he trasladado a la consejera", ha añadido. Por ello, ha reclamado que haya celeridad en la investigación, que vaya hasta el final, y se ha mostrado "plenamente convencido" de que, una vez de que vaya hasta el final, ese "halo de sospecha que se ha intentado trasladar, va a quedar absolutamente en nada".
