El exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha defendido hoy que todos los contratos que realizó su Departamento pasaron todos los controles de la Administración, y ha expresado su disgusto por cómo se ha proyectado desde el actual Gobierno Vasco un "halo de sospecha" injusto.
La actual consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha dado a conocer hoy que entre los años 2001 y 2009 hubo contratos irregulares en este Departamento cuando estaba dirigido por su antecesor, Joseba Azkarraga (EA), por un importe de 23 millones de euros, y ha anunciado que remitirá el caso a la fiscalía. Tras la denuncia de Mendia, hoy Azkarraga ha enviado una carta a su sucesora, a la que ha tenido acceso EFE, en la que le dice que es :"el primero en exigir que tus acusaciones se investiguen hasta el final y con la máxima celeridad, para que no pueda quedar la más mínima duda de la actuación desarrollada".
No obstante, Azkarraga ha lamentado que la única comunicación que ha tenido con su sucesora desde que hace tres años tomó posesión esté motivada por este asunto, en el que se ha llevado una "ingrata y desagradable sorpresa". "Me resulta difícil de entender que una investigación, larga al parecer y que abarca desde el año 2000 al 2009, no haya tenido el mínimo contraste con quién tuvo la responsabilidad política del Departamento, desde el 2001, ni con los profesionales afectados por la misma", ha reprochado Azkarraga a Mendia.
Informe
Respecto a las acusaciones que ha realizado Mendia ante los medios de comunicación, Azkarraga ha opinado que deberían haber ido acompañadas del informe que el departamento ha realizado sobre este asunto, y le ha instado a hacerlo público. "Sobra decir -ha agregado- que todos los contratos desarrollados y aprobados en mi etapa como consejero tuvieron un carácter público y se ajustaron a los controles propios de la Administración Publica Vasca. Todos sin excepción".
Por ello, ha considerado "ofensivo que sin resolución judicial de por medio", se haya afirmado por parte de la portavoz del Gobierno que "con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados". "Deduzco de tal afirmación que la consejera de Justicia ignora la presunción de inocencia y opta de manera torticera por sembrar la duda respecto a la correcta y honrada actuación de todas las personas que han desempeñado responsabilidades en el Departamento de Justicia durante la etapa referida", ha concluido Azkarraga.
