Rajoy visitó las instalaciones de Garoña en 2009. / Reuters
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho hoy que tiene la "voluntad y la intención de revocar" la orden ministerial por la que se anticipaba el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) a 2013.
Soria ha recordado que el anterior gobierno (PSOE) decidió que la actividad de la central no fuera hasta el 2019, sino hasta el 2013, y que lo hizo mediante una orden ministerial que él quiere modificar de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, "que debe determinar si está en las condiciones para continuar o no". Soria ha defendido que el cierre ordenado por el anterior Gobierno supondría infravalorar esta instalación, ya que el CSN juzgó que podía operar en condiciones de seguridad hasta 2019.
A su juicio, España no puede infrautilizar esos cinco años de producción de energía de la central de Garoña, sino que debe aprovechar mejor el conjunto de los recursos energéticos de los que dispone.
José Manuel Soria ha apuntado que es verdad que de los ocho reactores nucleares que hay en España el de Garoña no es uno de los de gran producción, ya que la potencia total instalada en España es de unos 100.000 megavatios y Garoña produce unos 400, aunque insistió en que tiene un potencial de seguir produciendo energía "limpia y barata" hasta el año 2019.
El ministro de Industria se ha mostrado partidario de ampliar la vida útil de las nucleares, siempre y cuando así lo deseen las empresas eléctricas que las están explotando y hasta el momento en que lo determine el CSN.
En este contexto, ha recordado que en España rige una moratoria nuclear, a consecuencia de lo cual "no somos partidarios de dar más autorizaciones" para la construcción de nuevos reactores atómicos.
El modelo energético
El ministro ha asegurado que tiene el mandato del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "arreglar el problema serio" que, a través de la energía, tiene la "competitividad" en España.
"La economía española tiene problemas de competitividad por muy distintas razones, y la energía y los costes energéticos son unas de ellas, fundamentalmente si medimos esa competitividad en relación a aquellas economías europeas con las cuales competimos directamente, como es el caso de Francia, que tiene unos costes energéticos muy distintos y más bajos a los de la economía española", ha destacado.
En esa línea ha señalado que el modelo energético en España debe ser uno en que el coste energético no siga siendo una restricción a la hora de producir y de competir con aquellas energías que producen bienes y servicios similares.
Soria ha comentado que trabaja en la reforma del modelo energético para "garantizar el suministro, la seguridad y la eficiencia, entendiendo por tal que el conjunto de energías llegue al consumidor final, sean familias o industrias, en las mejores condiciones posibles de precio".
"Tenemos un problema de partida que es el déficit de tarifa acumulado a lo largo de los últimos siete años, que están generando unos 3.000 millones de euros adicionales de déficit cada año, que en la actualidad, con el déficit de 2011, está sobre los 24.000 millones de euros y que, si no hacemos nada, de aquí a seis años pudiera estar en el doble", ha reconocido.
Para Soria, lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es "taponar la fuente de creación de ese déficit energético, pero también, en paralelo, hay que modificar ese modelo para que ese déficit de tarifa no se siga produciendo".
Soria ha adelantado que el Gobierno de la nación colaborará a la hora de aligerar trámites, de burocracia e impedimentos para solventar cuestiones energéticas que están pendientes.
El ministro ha insistido en que la energía nuclear es una de las fuentes que forman parte de la combinación de distintas energías de España y que el PP "no está ni ha planteado en ningún momento el acabar con la moratoria de la energía nuclear".
Coste de las renovables
Soria ha abierto hoy la puerta a que las compañías eléctricas carguen con parte del extracoste que suponen las energías renovables y que actualmente solo pagan los usuarios a través del recibo de la luz. El ministro ha asegurado que la apuesta del Gobierno será que las renovables, que son las energías más caras, sigan teniendo un importante peso en el mix de generación eléctrica de España "pero sabiendo que comportan un extracoste que ha de pagar alguien: o el Estado o los consumidores o una parte las eléctricas".
"Si el Estado no tiene recursos, porque tiene cada vez menos, si los consumidores no desean que se incorporen a las tarifas y si las eléctricas tampoco quieren, es evidente que tendremos que llegar a un acuerdo entre todos para ver lo que hacemos", ha dicho Soria, quien avanzó que esta cuestión centrará su trabajo en el terreno energético durante las próximas semanas.
Ha añadido que el Gobierno tiene que intentar taponar la "hemorragia financiera" que se está produciendo como consecuencia del actual modelo energético de España, que ha derivado en un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros.
En cuanto al recibo de la luz, Soria reiteró que este se ha congelado porque el coste de la energía ha bajado y se ha podido subir así el otro componente de la tarifa eléctrica, los peajes, que son los que remuneran costes regulados como el transporte o la distribución.
Revocar parte de un Real Decreto
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear ha explicado que estudiará la continuidad de la central en el caso de que se revoque la orden de cierre y el nuevo Gobierno así se lo reclame. En cualquier caso, "la situación está como estaba" ya que, de hecho, el pasado verano se le solicitó a la central que preparase el Plan de cese de explotación y desmantelamiento de cara a 2013, han concretado.
Desde este organismo han detallado que si el Gobierno decide finalmente que Garoña siga funcionando hasta 2019, lo normal sería que utilizaran los canales oficiales, como la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear para que emita un informe preceptivo. Además, el Ejecutivo central debería revocar en primer lugar parte del Real Decreto, que es por el que se estableció el cierre y, posteriormente, en el caso de que llegue una solicitud oficial, en el Consejo se estudiará el caso.
