Tres miembros de ETA fueron detenidos ayer por las autoridades de Venezuela después de que el barco en el que habían huido de Cuba encallara en una zona denominada Los Roques, un lugar cercano a la costa venezolana, según fuentes de la lucha antiterrorista. Los tres etarras han sido identificados como Elena Bárcena Argüelles, José Ignacio Etxarte Urbieta, alias 'Rizos' y 'María Antonia', y Francisco Javier Pérez Lekue, alias 'Niko'. Con ellos fue arrestado también un ciudadano haitiano que les estaba ayudando a fugarse de Cuba.
Etxarte Urbieta es uno de los seis etarras procesados el 1 de marzo de 2010 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto en el que aseguraba que existían indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De hecho, en los meses siguientes el juez ordenó a la Policía viajar a Colombia para mostrar a nueve antiguos miembros de las FARC las fotografías de los procesados -entre ellos la de Etxarte- para que confirmaran si se trataba de los mismos que colaboraron con la guerrilla.
El juez señalaba en su auto que, según un documento intervenido en 1999 al exdirigente etarra José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Etxarte había solicitado autorización a la organización para efectuar pruebas en Venezuela consistentes en el lanzamiento de granadas o morteros con 40 kilogramos de explosivo con los que pretendía alcanzar una distancia de 600 metros. Velasco decía también que Etxarte había sido deportado en 1986 por las autoridades francesas a Cabo Verde, "desde donde huyó para refugiarse en Cuba".
'Comando Madrid' de los ochenta
El mismo trayecto hizo Elena Bárcena, que fue una de las integrantes de ETA político-militar deportadas en 1985 a Cabo Verde, país que abandonó en octubre de 1989 para instalarse también en la isla caribeña. Barcena está acusada de haber participado en la colocación de seis artefactos explosivos en diferentes edificios públicos del País Vasco entre 1980 y 1982, del intento de secuestro del cónsul de Portugal en San Sebastián y de tratar de volar una patrullera de la Armada en el puerto de Pasajes (Gipuzkoa).
Por su parte, Pérez Lekue formó parte a mediados de los años ochenta del 'comando Madrid' de ETA. Además, el pasado mes de febrero, la etarra y Pérez Lekue, antiguos miembros de ETA Político-Militar VIII Asamblea, redactaron una carta de protesta porque las autoridades cubanas, a las que tachaban de "carceleros", no facilitaban su salida de la isla. La misiva de protesta, publicada por el diario 'El País' en mayo pasado, estaba fechada el 8 de febrero de este año en La Habana y firmaba por ambos.
En ella, Bárcena y Pérez Lekue explicaban que llegaron a Cuba hace más de veinte años. "Aunque llegamos en momentos diferentes, en ambos casos las autoridades de este país nos informaron de que aceptaban nuestra estancia en las mismas condiciones que las acordadas con los primeros deportados procedentes de Panamá en el año 1984. Dentro de esos acuerdos quedaba claro que podíamos abandonar el país cuando deseáramos, eso sí, con la cláusula explícita de que el que se iba no volvía", escribían.
"Cadena perpetua" en Cuba
Reconocían, seguidamente, que durante los primeros años Cuba "cumplió lo acordado" y de hecho varios miembros de ETA "fueron abandonando el país". No obstante, más tarde "fueron poniendo más trabas a las salidas, hasta que llegó el momento en que las prohibieron, primero en la práctica y más tarde diciéndolo abiertamente". "Con esa actitud han pasado de ser un país de acogida a carceleros, al menos para aquellos que deseamos abandonar esta isla", aseveraban entonces.
También criticaban en este sentido que la única opción que han dejado abierta las autoridades cubanas "es acudir a la embajada española y confiar en que allí se dignen a conceder un pasaporte, modo de salida que no tiene nada que ver con los acuerdos que en su día aceptamos las dos partes y que además en nuestro caso se vuelve imposible por no habernos concedido a uno de nosotros papeles a nuestro nombre, obligándolo a permanecer completamente indocumentado, al negarse a vivir con documentación falsa".
Por todo ello, los dos etarras rechazaban "la actitud de las autoridades de este país, que nos condena de facto a cadena perpetua, en un marco además de absoluta inseguridad jurídica". Y exigían, finalmente, "el cumplimiento de los acuerdos de 1984, aceptados por ambas partes a nuestra llegada a la isla y derogados unilateralmente y sin siquiera informarnos en su momento de ello".
