La "grandes" necesidades de refrigeración de la central nuclear de Garoña dan lugar a que el reactor "vierta" al Ebro agua a una temperatura diez grados más elevada de lo permitido, según ha constatado un análisis de agua realizado en febrero por una empresa "independiente" a petición de Greenpeace.
El estudio fue efectuado por Uriker, una entidad autorizada por la administración para el control y vigilancia de la calidad de las aguas, el pasado 9 de febrero -un día considerado "óptimo" para este tipo de pruebas por la ausencia de lluvia y la buena calidad del agua del Ebro- en ocho puntos del río situados a lo largo de los 6,8 kilómetros que separan Frías y del Puente de Tobalinilla, en Burgos.
Pues bien, las muestras recogidas ponen de manifiesto que la temperatura del agua aumenta 15,7 grados de un punto a otro, pasando de los 5,3 grados a los 21, debido al agua caliente que vierte al río la central de Garoña, situada entre ambos puntos.
El portavoz de Nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo, ha denunciado hoy en una rueda de prensa que ese notable incremento de temperatura "supera con creces los tres grados de aumento permitidos en la autorización del vertido procedente de la central nuclear", cuyo reactor es "gemelo" al accidentado en Japón y posee autorización del Gobierno para seguir operando hasta 2013.
Carlos Bravo, ha recordado que, en 2009, un informe del Ministerio de Medio Ambiente ya advertía de los problemas de refrigeración de Garoña, motivo por el que la central tuvo que parar su actividad por la subida de temperatura de las aguas cuyo umbral máximo es de tres grados centígrados, según especifica la autorización de 18 de octubre de 2007 de vertido de aguas otorgada a Nuclenor -titular de la central- por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) -organismo dependiente del Ministerio-.
"Graves" problemas de refrigeración
El informe concluye que la actividad de refrigeración de la central produce una notable contaminación térmica en el río Ebro que se trasmite incluso aguas arriba de la propia central, que es en gran medida la causante de la eutrofización que sufre ese río", y que le deja, entre otras cosas, a merced de las especies invasoras, ha asegurado Bravo.
Así, según las conclusiones del estudio "la temperatura del río Ebro el día del muestreo (soleado y sin precipitaciones) era de 6,5 grados centígrados y en ausencia de la actividad de la central lo esperable habría sido encontrar a lo largo del río temperaturas de ese orden y desde luego inferiores a los 10 grados centígrados".
Sin embargo, la temperatura de las aguas del embalse del Sobrón, tras la zona de dispersión térmica, se situó entre 17 y 21 grados centígrados, un incremento que, según Bravo, supera "con creces los tres grados centígrados permitidos por la autorización del vertido", debido a los "graves" problemas de refrigeración que sufre la central.
Además, Bravo ha denunciado que los datos de temperatura del agua que toma Nuclenor "no se ajustan a la realidad y están orientados a ocultar la enorme contaminación térmica que provoca su actividad" y para ello, "cuenta con la connivencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro".
"La Confederación Hidrográfica del Ebro está haciendo la vista gorda", ha subrayado Bravo tras señalar que el organismo reconoce a Greenpeace en un escrito que no realiza controles termométricos propios en el entorno de la central "ya que se consideran suficientes los que realiza el Nuclenor".
Debido a estos hechos, la directora Greenpeace, Miren Gutiérrez, ha pedido a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que revoque de forma inmediata la autorización de vertido de aguas de refrigeración de la central nuclear de Garoña.
Greenpeace exige también el cierre inmediato de ese reactor que, según sostienen, sufre "graves" problemas de agrietamiento en su vasija, tiene en mal estado el 70 por ciento de sus tuberías y adolece de corrosión intergranular, entre otras deficiencias.
Más pruebas en lis 'Stress test'
Bravo ha señalado que la organización se ha dirigido por escrito al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, a la responsable de Medio Ambiente, Rosa Aguilar y al titular de Industria, Miguel Sebastián para exigirles la realización urgente de los 'stress test' obligatorios para todas las centrales nucleares y el cierre inmediato de las que no los superen.
Para Greenpeace, estas pruebas, además de frente a terremotos e inundaciones, deben realizarse para probar la resistencia y el grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes; ciberataques; ante el impacto de aeronaves o misiles (por accidente o ataque terrorista); y ante situaciones de emergencia como las vividas en la central de Fukushima, en Japón.
Por otro lado, Bravo ha asegurado que Greenpeace emprenderá acciones legales "para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto" y estudia denunciar a la Confederación Hidrográfica del Ebro por "permitir la manipulación de los datos por parte de Nuclenor".
Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, ha reclamado al Gobierno que en la nueva ley, en trámite parlamentario, se tenga en cuenta la responsabilidad de las eléctricas en caso de accidente nuclear y que no se limite a 1.200 millones de euros la cantidad que tienen que asumir por los daños sufridos, momento en el que ha recordado que en el caso de Fukushima el coste de los daños se ha cifrado en 96.000 millones de euros.
